"No sé si el Fiscal de la Nación, Pedro “el hermanito Gonzalito” Chávarry, ha asumido realmente el compromiso de llegar hasta el fondo de los casos que el destape de los audios ha dejado".,No sé si el Fiscal de la Nación, Pedro “el hermanito Gonzalito” Chávarry, ha asumido realmente el compromiso de llegar hasta el fondo de los casos que el destape de los audios ha dejado a ojos de todo el país. Son señales mixtas: por un lado, unificó los esfuerzos del Ministerio Público (MP) para el caso Lavajato y retiró al duramente criticado -por críptico, lento e ineficaz- fiscal Hamilton Castro; mientras que, por el otro, pone al frente de la investigación de la filtración de los audios al fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien, como el propio Chávarry, también aparece en audios comprometedores con el ex juez César Hinostroza (pidiéndole un favor, nada menos) y, mucho peor que eso, intentó amenazar e intimidar al IDL y a Panorama para que estos delaten a sus fuentes y entreguen el material que tenían en su poder, violando con ello -el fiscal- la Constitución y muy a sabiendas. Se supone, además, que esto último le costó, cuando aún estaba Pablo Sánchez al frente del MP, ser removido de la fiscalía de control interno, pero parece que no fue así. Cualquiera diría que votar por Chávarry para que este se convierta en Fiscal de la Nación le habría sido rentable a Rodríguez Monteza. En la misma línea, algunos especialistas, como el procurador Ronald Gamarra, sostienen que el acuerdo al que se ha llegado con Odebrecht para reiniciar la colaboración eficaz con la justicia peruana, solo servirá para profundizar los casos que ya están abiertos pero si apareciera uno nuevo, ese se queda cerrado. ¿A cuántos de nuestros expresidentes de la República les conviene eso? Se me ocurren varios y de todo lo que se dice del fiscal Chávarry, lo más ligero es que es -por lo menos filo- aprista cuando alguien en su posición no debería tener sesgo político alguno. Hay mucha gente asustada. Gustavo Gorriti nos contó en Chicharrón de Prensa que en la comisión del Congreso a la que asistieron el ministro del Interior y algunos altos mandos de la Policía, los congresistas preguntaron muchas veces -en especial los congresistas Héctor Becerril y Edwin Donayre- si alguno en ese recinto reservado aparecía en los audios. Y aunque les dijeron que no… sí, pues, sí aparecían Mauricio Mulder y el mismo Becerril. Están tan desesperados que el inexplicable congresista Marco Miyashiro de Fuerza Popular pretende volver a dividir a la Policía Nacional y reactivar algo parecido a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP): si divides a la Policía hay más lugares en los que poner topos. Miyashiro era PIP. Ayer apareció un audio del 18 de mayo de este año en el que la secretaria de Hinostroza Pariachi le avisa que el ex juez Javier Villa Stein y uno de los ex dueños de Canal 2, Samuel Winter -condenado por peculado y cómplice de asociación ilícita para delinquir-, lo estaban esperando en su despacho. En el 2016, Hinostroza y Villa Stein fallaron a favor de los Winter para que no paguen los 4 millones que adeudaban al Estado. Como este, van a aparecer más audios que comprometen a más personas… pero nadie sabe aún quiénes son. (Spoiler: si hablaste con Hinostroza, o con Walter Ríos entre noviembre 2017 y junio 2018, tienes tu audio). Por eso, algo que libraría a todos los involucrados que han aparecido o están por aparecer públicamente en los audios -sin importar la banda mafiosa a la que pertenezcan-, es convertir en pruebas viciadas y/o nulas a todos los audios que se filtren a través de los medios de comunicación. Y ese será el primer contraataque de la mafia, como sucedió con los petroaudios, ¿se acuerdan?: ¿Es choro? Sí. ¿Va preso? No, las pruebas que lo incriminan son nulas. La calle será el único espacio que legitime el trabajo formidable que están haciendo algunos periodistas, fiscales y jueces. Nada más garantiza justicia. De cómo terminen los casos Lava Juez y Lava Jato en el Perú depende qué clase de país le vamos a dejar a nuestros hijos.