Alerta. Según órgano contralor cometieron distintas irregularidades. Todos tienen militancia partidaria pero no necesariamente llegaron a esos puestos con sus agrupaciones de origen; los convocaron los movimientos regionales de Arequipa.,La Contraloría General de la República sancionó a 140 funcionarios del gobierno regional, municipios y otras instituciones públicas en Arequipa, entre 2015 y marzo de 2018, por irregularidades en el manejo de la administración pública. De estos, 32 tienen afiliación partidaria. De esto podría desprenderse lo sostenido por el especialista en derecho municipal Edgard Lajo Paredes. Para él, la politización de los órganos estatales perjudica al Estado. PUEDES VER: No estamos listos para afrontar una erupción en Arequipa El partido con más funcionarios inhabilitados entre sus filas a nivel nacional es el Apra, con 31 militantes. Le siguen el Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) con 20 y 16 afiliados, respectivamente. En Arequipa, Acción Popular, PPC, Perú Posible, PNP y el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro (ATF) son las agrupaciones que tienen más militantes con mal paso en la gestión pública. Las mayores dificultades se presentaron en el Gobierno Regional de Arequipa, Sedapar y la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Aunque hay que aclarar, algunos de esos militantes no llegaron a esos cargos con sus agrupaciones de origen. Fueron convocados por los movimientos regionales Arequipa Renace (AR) y Arequipa, Tradición y Futuro (ATF), ganadores de los procesos electorales. Ronald Córdova Salas, Jorge Ojeda Rodríguez, Luis Castillo Díaz, Aldo Ramos Gómez y Roxana Portocarrero Villalobos son acciopopulistas. Los tres primeros laboraban en el municipio de José Luis Bustamante y Rivero; formaron parte de la gestión del actual alcalde Ronald Ibáñez, que representa al movimiento regional Arequipa Renace. Ramos fue reclutado por AR, lo inhabilitaron siendo funcionario en el municipio de Yanahuara y a Portocarrero, en la provincia de La Unión, también por AR. En todos los casos citados, los castigos se catalogan como muy graves. Por ejemplo, a Ojeda Rodríguez le impusieron tres años de inhabilitación, tras advertirse que benefició a un proveedor para la contratación en una obra para la plataforma comercial Avelino Cáceres en 2011. Gobierno Regional En el registro nacional de sanciones de la Contraloría, al que accedió el medio digital de periodismo de investigación Convoca y que fue analizado por este medio, figura la exjefa del área de Proyecto Especiales del Gobierno Regional de Arequipa, Sarah Peña Dávila. Es exmilitante del extinto Perú Posible, pero formó parte de la gestión de Juan Manuel Guillén del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro (ATF). Peña recibió una sanción de cinco años de inhabilitación de la Contraloría por “actuar parcializadamente” en la compra directa, sin proceso de selección como exige la ley, de bienes, servicios y obras por S/ 38 millones. Esto se constituyó en un modus operandi de la gestión Guillén: contratar a dedo arguyendo rapidez para la ejecución de obras. Hay procesos judiciales pendientes por estos casos, que involucran a más de 11 funcionarios. Por la misma irregularidad en la gestión Guillén, la Contraloría también impuso cuatro años de inhabilitación a Delford Sarmiento Pinto y Víctor Raúl Cadenas Velásquez, actual vicegobernador regional y mano derecha de la gobernadora Yamila Osorio. Ambos son militantes de ATF. Cadenas solo fue sancionado para no laborar como gerente o asumir cualquier puesto que podría denominarse 'de oficina'. La sanción de la Contraloría no lo priva de continuar ejerciendo su puesto de elección popular, el de vicegobernador. Otro de los sancionados conocidos es el exgerente municipal y exhombre de confianza de Alfredo Zegarra, Carlos Moya Castro. Según Infogob, figura como militante del partido de la chacana. La Contraloría lo amonestó hasta en cinco oportunidades. La última vez fue por la compra irregular de las butacas para el Palacio Metropolitano Bellas Artes y también debido a la mala formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Moya Castro calificó su inhabilitación de injusta. Indicó que ya no volverá a la función pública por temor a nuevas sanciones. “Yo impulsé que se hagan las cosas rápido, para que las obras no demoren como ocurre ahora, y por eso me sancionaron. Contraloría no escucha razones...”, dijo. Sobre su afiliación a Perú Posible, señaló que, en varias oportunidades, pidió al Jurado su retiro, según él, nunca firmó padrón alguno. Se intentó conversar con Cadenas Velásquez sobre su sanción, pero este no contestó las llamadas. Quien sí lo hizo fue el presidente de ATF, Jorge Sumari. Este reconoció que las sanciones dañan la imagen de las organizaciones políticas. Pero aún así, señaló que esa inhabilitación administrativa no tiene ningún efecto partidario. El secretario regional del partido Acción Popular, Mauricio Chang, no sabe cuáles de sus correligionarios están inhabilitados por la Contraloría. Sin embargo, señaló que los involucrados serán sometidos al Comité de Ética y, de encontrar responsabilidad, serían expulsados del partido. “Nosotros solo vemos si son buenos técnicos, no nos interesa el partido ni forzamos cargos”, puntualizó. Por su parte, el exsecretario regional del extinto partido Perú Posible, Guido Pantigosa, negó que alguno de los sancionados haya tenido actividad partidaria cuando Perú Posible tenía inscripción vigente. Puedes ver la lista completa de los 140 funcionarios sancionados del Perú en el siguiente enlace http://sancionados.convoca.pe/ También colaboraron: Claudia Beltrán (La República), Elmer Enriquez (La Exitosa Sur) y Gustavo Calapiña (Sin Fronteras).
