Los convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras desnaturalizan la función policial, contravienen los principios de la institución y representan una forma de discriminación, por lo que toda normativa que permite su existencia debe ser derogada, planteó Alvaro Másquez, del Instituto de Defensa Legal (IDL).Explicó que es función de la Policía mantener el orden interno, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos con independencia, imparcialidad, universalidad y confianza. Sin embargo, dijo, los convenios obligan a la institución y a sus efectivos a favorecer a las mineras en desmedro de los ciudadanos. ❧
