Muy preocupante. Personas vinculadas a la invasión y tráfico de tierras en la reserva natural de Chaparrí, Chiclayo, dejaron un mensaje advirtiendo que no se meta en la zona. El titular del Poder Judicial solicitó garantías para él y su familia.,El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, recibió una amenaza, tras su visita realizada el 27 de enero a la reserva de Chaparrí (Lambayeque), donde verificó el grado de afectación de los bosques por parte de los traficantes de tierras. “Dígale a su hermano Duberlí que no se meta con Chaparrí, esta es una advertencia”, fue el mensaje enviado a través de su hermano. PUEDES VER Rodríguez sobre Caso Toledo: Sería “fatal” enviar dos pedidos de extradición a EE.UU. Según cuenta Rodríguez Tineo, la noche del 27 de enero tres sujetos a bordo de un auto llegaron a la vivienda de su hermano –cuyo nombre mantenemos en reserva por motivos de seguridad– en el distrito de José Leonardo Ortiz para dejar el mensaje. “Llegaron tocando la puerta y salió mi cuñada al balcón, preguntaron por mi hermano y le dejaron expresamente una advertencia”, detalló. “Se han atrevido a amenazar de muerte al propio presidente del Poder Judicial, lo que significa que el crimen organizado no solo está en asaltantes de bancos o en la corrupción, sino también en el tráfico de tierras”, expresó, visiblemente indignado. Garantías de vida Tras los hechos, la máxima autoridad del Poder Judicial solicitó garantías para él y miembros de su familia ante el Ministerio del Interior. El magistrado también entregó el nombre de quince personas investigadas por la Fiscalía por delitos cometidos contra la reserva Chaparrí. En esta lista están incluidos los hermanos Cruzado Carranza, quienes son sospechosos de la muerte del teniente gobernador del caserío El Mirador, José Napoleón Tarrillo. “Si algo le pasa a alguien de mi familia o a mí, ellos (los de la lista) serán los responsables de esta situación. No podemos permitir que los invasores de tierras que quieren destruir Chaparrí se atrevan a amenazar a la autoridad máxima de un poder del Estado. Si eso hacen conmigo, mañana lo harán con el propio presidente de la República, y eso no lo podemos permitir”, lamentó. El conflicto En Chaparrí, según el Frente de Defensa, 25 comuneros ya han sido víctimas de una serie de amenazas. En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo incluyó a Chaparrí en su mapa de conflictos sociales, pero el problema en estas tierras viene desde el 2014. Desde aquel año, personas ajenas a la comunidad provocaron incendios para acabar con la vegetación. Incluso en el sector Pampas Yaipón utilizaron maquinaria pesada para talar los árboles de algarrobo y zapote con la intención de lotizar el área deforestada. El Ministerio del Ambiente señala que solo cincuenta hectáreas han sido afectadas, pero el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí estima que al menos mil hectáreas ya habrían sido lotizadas. Otro punto a considerar es que la misma junta directiva de la Comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, propietaria de estas tierras, busca reducir las 34.412 hectáreas destinadas a la conservación. Cuando Duberlí Rodríguez llegó a la reserva ecológica, cuestionó la lotización y venta de terrenos de la reserva y pidió a los magistrados acelerar las investigaciones. “Estoy muy preocupado por lo que sucede en Chaparrí. Están haciendo todo lo posible para que haya impunidad, pues todas las denuncias están siendo archivadas”, expresó. Hay siete investigaciones en curso en materia ambiental A la fecha, el Ministerio Público tiene en curso siete investigaciones por tala ilegal, quema de especies forestales y otros delitos cometidos en la zona protegida de Chaparrí, según la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Dos de los casos se encuentran en etapa de investigación preparatoria, mientras que cuatro expedientes están en estado de investigación preliminar y el séptimo en investigación preventiva, esto último a raíz del incendio de dos hectáreas de bosque. En forma paralela está en curso la investigación por el crimen del dirigente José Napoleón Tarrillo, a cargo del titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Miguel Casas Chusho.
