La compra del Grupo Rodríguez Pastor (propietario de MiFarmaI) de la empresa Quicorp –y tiene ahora posición de domino en el mercado de medicamentos- cumple a juntillas con la Constitución y la legislación vigente. Por tanto, si se desea que no exista un cuasi monopolio con capacidad de fijar precios de manera arbitraria, hay que realizar cambios de fondo. Y esto nos lleva a plantear la modificación de la Constitución de 1993. Veamos por qué. El Art. 63 dice: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. Aquí la clave es que “se combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”, lo que quiere decir que la posición dominante en el mercado e incluso la posición monopólica, pueden existir. Lo que el Estado hace es “combatir el abuso” que pudieran ejercer las empresas desde esas posiciones dominantes o monopólicas. El artículo 61 agrega que no se puede establecer un monopolio por ley. Faltaba más. Pero si una sola empresa tiene el 95% del mercado, como Backus en la cerveza, ¿qué sucede? Pues nada. Pena penita: “lo único” que se puede hacer es combatir el posible abuso de esa posición dominante de ese cuasi-monopolio a través de Indecopi. Igual va a ser en el caso de los medicamentos. Increíble pero cierto. En EEUU y Europa esto no sucede porque el ordenamiento legal vigente se opone a que haya posiciones de dominio. ¿Para qué? Para que no se pueda abusar de esa posición. Dicho de otro modo, allá los legisladores prevén que quien tenga una posición de dominio lo más probable es que abuse de ella. Por tanto, lo que le dicen a la empresa es: no vas a poder abusar porque te voy a impedir que tengas posición de dominio. Más claro ni el agua. En EEUU la Ley Sherman y la Ley Clayton promueven la libre competencia para beneficiar a los consumidores. El ejemplo más conocido es cuando se prohibió a Bell Company continuar su expansión, pues podría tener abuso de posición de dominio e incrementar las tarifas telefónicas. Se le obligó a desmembrar la empresa madre y vender activos, lo que dio lugar a las “Baby Bells”, con nuevos propietarios y, por tanto, mayor competencia. Una de las herramientas más utilizadas es el control previo, por parte de una institución estatal, de las fusiones y adquisiciones (F&A) empresariales con el objetivo de establecer si dichas operaciones van a representar, de un lado, una posición de dominio y, de otro, si van a afectar a los consumidores, principalmente a través de alzas de precios. Un ejemplo “latino” reciente fue la fusión entre Lan-Chile y TAM de Brasil, que fue monitoreada por las Comisiones de Libre Competencia de los dos países, que solo la aprobaron 3 años después, previa venta de algunos activos. Aquí el neoliberalismo se opone. En 2005 hubo una propuesta apoyada por Indecopi; en el 2012 Jaime Delgado presentó un proyecto de ley en el Congreso; en el 2016 lo hizo Yohny Lescano y, más recientemente, Jorge del Castillo. Todo ha quedado en nada. Dicen que “el mercado sabe lo que hace”. Puro verso, porque la realidad es otra. Dicen los bancos de inversión y los estudios de abogados (que ganan decenas de millones de dólares con asesorías y “diligencia debida”) que ese control “puede imponer más costos que beneficios en los mercados pequeños”. Ese argumento es “un servicio más” al gusto de los “fusionados” y “adquiridos”. En el caso de MiFarma, se afirma que la compra de Quicorp no genera posición de dominio. Falso. En el Perú el mercado farmacéutico (excluyendo al Estado), llamado “retail,” ascendió a US$ 1,400 millones en el 2016 y fue abastecido por las grandes cadenas de boticas (60%; 840 millones) y las pequeñas farmacias (40%; 560 millones), de acuerdo a DIGEMID del MINSA y de IMS. Las pequeñas farmacias, si bien venden US$ 560 millones (y tienen más puntos de venta que las cadenas de boticas) compran los medicamentos a un precio más alto, pues adquieren menores volúmenes y no tienen la capacidad de influenciar precios. Esto sí lo pueden hacer ahora MiFarma-Quicorp pues tiene posición de dominio en el mercado de US$ 840 millones. En efecto, ahora controla el 83% de las cadenas de boticas y podrá subir los precios. La concentración empresarial va contra la libre competencia y el consumidor. Por eso, la OCDE también afirma combatirlo. La cuestión se pone mal cuando hay “concentración” los medios de comunicación, como en el Perú. Pero es aún peor cuando toca el precio de las medicinas en un país con escasa capacidad del Estado para proveer buenos servicios de salud y medicamentos a su población. Por eso, hay que cambiar el Art. 61 de la Constitución y aprobar, ya, el control previo de las F&A.
