Por caso Antalsis. La fiscalía sostiene que desde la prisión, el empresario ha intentado “tumbar” al fiscal Elmer Chirre y fabricar pruebas para salvarse de la cárcel e incriminar a terceras personas.,A solicitud de la fiscalía, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena evaluará a partir de la 1:00 de la tarde de hoy un nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses, del detenido empresario Martín Belaunde Lossio en el caso Antalsis. La fiscalía recién presentó este pedido porque tuvo que esperar a que Bolivía ampliará su extradición por este caso. La ampliación de extradición se produjo el 10 de octubre último, lo que permitió que el 28 de noviembre de este año, el fiscal Elmer Chirre amplie presentara los cargos contra Martín Belaunde Lossio. PUEDES VER Bolivia amplió la extradición de Martín Belaunde por caso Antalsis Martín Belaunde se encuentra cumpliendo orden de prisión preventiva, que vence el 18 de enero próximo, por el caso La Centralita. Fue internado en prisión luego que huyó del Perú el 2014 e intentará hacer lo mismo, al año siguiente, desde Bolivia, sobornando presuntamente a policías, abogados y jueces. El juez Sánchez Balbuena citó a audiencia para hoy en la sede del subsistema anticorrupción, edificio Carlos Zavala Loayza, en el jiron Manuel Cuadros N° 182, Cercado de Lima. Belaunde, preso en el penal de Ancón 1, intervendrá mediante video conferencia. Fábrica de pruebas La fiscalía sustenta su pedidos en dos aspectos. Uno, la existencia de fundadas evidencias de que Martín Belaunde Lossio dirigió una organización ilícita para beneficiarse con la licitación de obras públicas, en diferentes regiones e instituciones del país, como Cusco, Madre de Dios, Junin y el Instituto Peruano del Deporte (IPD). De acuerdo con las evidencias recopiladas por la fiscalía, Belaunde captaba a los gobernadores regionales o presidentes de instituciones públicas ofreciéndoles apoyo político y mediático. Luego, los funcionarios públicos debían favorecer en las licitaciones, a empresarios promovidos por la organización. En contrapartida, los empresarios habría pagado los famoso diezmos a la organización de Martín Belaunde Lossio. En segundo lugar, sostiene la fiscalía, existen fundadas evidencias de que si Belaunde recupera su libertad antes del juicio público volverá a intentar escapar o entorpecer las indagaciones, pues se enfrenta a una probable alta pena de cárcel, entre los 20 a 30 años de prisión efectiva. Además, se indica, que se encontrado evidencias de que durante estos meses ha intentado “tumbar” al fiscal y fabricar pruebas para incriminar a terceros, para lo que se habría valido de abogados y “seudo periodistas” vinculados a La Centralita.