El próximo domingo 22 de octubre se realizará el censo nacional. Nadie discute su utilidad (censos hay registrados desde el nacimiento de Jesucristo), ni su oportunidad (lo recomendable es hacerlos cada diez años) pero lo que sí es discutible son las medidas que sin mucha explicación viene difundiendo el INEI como de obligatorio cumplimiento. Primero, la libertad de tránsito es un derecho constitucional que solo se suspende cuando el Ejecutivo emite un Decreto Supremo estableciendo un régimen de excepción. El más común, el estado de emergencia. Aun en ese caso, la violación del toque de queda –el eufemismo de “inamovilidad” que usa el INEI es lo mismo– no implica la pérdida de derechos fundamentales como la vida o el derecho a la propiedad. Una multa es inconstitucional. Lo máximo que puede hacer la autoridad es proceder a la detención durante las horas –pérdida temporal de la libertad– que dure la medida de restricción del libre tránsito. ¿Ha emitido el Ejecutivo un Decreto Supremo decretando el estado de excepción correspondiente? No. Entonces, ninguna autoridad administrativa puede restringir nuestros derechos constitucionales por más noble que sea su fin. Segundo, la afectación a derechos laborales deja en condiciones de inequidad a miles de trabajadores. ¿Ha emitido el Ministerio de Trabajo alguna disposición aclaratoria? Ninguna. ¿Qué pasa con aquellos cuya jornada incluye domingo y deben cumplir con la orden de inamovilidad? ¿Pierden su día de trabajo? ¿No se les paga? Por otro lado, ¿por qué tendrían que pagar remuneraciones las empresas por un día no trabajado? Las normas del INEI solo establecen un régimen de excepción –con un censo previo– para trabajadores de servicios esenciales pero, incluye un listado abierto, con lo que no queda claro quiénes pueden acogerse y quiénes no. Es, a estas alturas, extemporáneo. No alcanza el tiempo para censar a miles de trabajadores con jornada el domingo. Por ejemplo, ¿van a funcionar los aeropuertos? Si funcionan, ¿habrá taxis o buses para ir y venir de ellos? ¿O se espera tener miles de turistas botados esperando las 5 pm? Hay muchos ejemplos de este tipo frente a los cuales el Ministerio de Trabajo no ha dicho nada. Solo tenemos una Resolución Sub Jefatural del INEI, que, sin ninguna autoridad cierra puertos, aeropuertos y vías férreas. ¿Cuál es la sanción de incumplimiento? Ninguna. Es decir, un Sub Director ha decidido cerrar el puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez prohibiendo todo el transporte en el país. ¿Costo de esta barbaridad? No se conoce. ¿Sabe el presidente el costo de cerrar puertos y aeropuertos? ¿Le parece bien? Tercero, es claro que la afectación de derechos patrimoniales tampoco se ha tomado en consideración. Pensemos en pequeños comerciantes. Si tengo una bodega en el primer piso de mi casa, ¿por qué no puedo abrirla? ¿Qué norma me lo prohíbe? ¿Qué norma prohíbe a mis vecinos ir a comprar lo que necesiten ahí? Ninguna. ¿Nadie se toma la molestia en el Ejecutivo de pensar? Aspiramos a vivir en un Estado de derecho. Este censo me recuerda a los organizados por la dictadura militar de los setenta. Por supuesto que hay que colaborar en saber cuántos somos y cuáles son nuestras actuales circunstancias, pero esto se está haciendo a la fuerza bruta, lo que prueba el alto nivel de improvisación. Ni siquiera se tiene hoy el número total de empadronadores voluntarios que requieren una extensa capacitación para que el recojo de la información nacional sea correcto. Los censos bien hechos se usan como medio de propaganda de los gobiernos que se precian de eficientes. Pero, cuando se hacen a las patadas, como parece ser el caso, lo único que muestran es que los problemas del Ejecutivo no son problemas de comunicación. Son problemas de mala gestión. No hay una asesoría jurídica eficiente y el actual ministro de Justicia sabe de la inconstitucionalidad de una orden de inamovilidad fuera de un régimen de excepción. Debe estar muy ocupado jugando el juego de las sillas con su Comisión de Gracias Presidenciales o tal vez debe estar buscando candidatos para dirigirla que se enteran por el diario oficial que han sido nombrados. Debe ser eso, porque de asesoría jurídica al gabinete y al presidente, en este caso, no se ha visto nada. Censo sí, pero dentro del Estado de derecho. Si no, será un desastre. La gente ya no es tan tonta como para cumplir órdenes verbales de funcionarios que violan sus derechos sin que les fundamente el por qué de la medida. Con órdenes menos draconianas se han hecho censos en el mundo entero. No es necesario amenazar, dejar sin trabajo o sin ingresos a los ciudadanos para cumplir el mismo fin. Lo que es necesario es tener una base legal sólida y una línea de respuesta a miles de trabajadores, empleadores, pequeños comerciantes que lo único que quieren es organizarse correctamente para el domingo 22. ¿Hay respuestas? ¡No hay ni a dónde llamar!
