Lo que pasaría si Maritza Garrido Lecca quisiera ser la Popeye peruana. El debate no comienza. Tres opciones: limitar al máximo a los ex convictos, dejarlos actuar bajo ciertos cánones, o no hacer nada.,En 2016, quien fuera prominente sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez, alias Popeye, lanzó su canal de televisión en línea, donde narra con aparente deleite su vida delictiva. YouTube le entregó un botón de plata por tener más de cien mil seguidores. Aunque se discute su principalidad en el Cartel de Medellín, no hay duda de su participación en más de mil asesinatos, doscientos y pico de los cuales habría cometido con sus propias manos. Popeye pagó una condena de 23 años de prisión, tras lo cual se ha dedicado a promocionar su figura. El canal se llama Popeye Arrepentido, donde uno puede encontrar, en las numerosas entrevistas que concedió a periodistas notables y en otras que se hace a sí mismo, para responder preguntas de su numerosa audiencia –“mis guerreros”–, continuas muestras de su admiración por El Patrón, Pablo Escobar. De él admite que era un bandido, secuestrador y asesino. Pero, al mismo tiempo, valiente como nadie, un padre ejemplar, leal con los suyos. En fin, un hombre que actuaba con integridad. Toda una industria En su mensaje más nuevo, Pope –así se le llama cariñosamente– promociona sus dos libros: El verdadero Pablo (2006), que escribió aún preso en colaboración con la periodista Astrid Legarda, y Sobreviviendo a Pablo Escobar (2015). Uno cuenta su vida en el Cartel de Medellín y otro sus peripecias en la prisión. Si estás en Europa, el autor te envía los dos libros por 220 euros, en cada uno escribe una dedicatoria para ti, graba un video personalizado, y añade de regalo el famoso afiche en el que, bajo el título de SE BUSCA, los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia ofrecieron 2,700 millones de pesos por información que condujera a la captura de Pablo Escobar, y cien millones por cuatro de sus cómplices, uno de ellos Popeye. Los cinco identificados, con alias y con foto. El póster, por cierto, también viene autografiado. El paquete cuesta menos para Estados Unidos y el resto de las Américas. Conseguí el segundo libro en una librería en Bogotá, y el primero escribiendo directamente al autor. Además, he visto algunos capítulos de la serie Sobreviviendo a Escobar, uno de los últimos lanzamientos de Netflix, producida por Caracol Televisión, y basada en el libro, cuya versión prefiero. Caracol también hizo Alias JJ, La Celebridad del Mal, un documental en el que víctimas, testigos y personalidades analizan el impacto social de quien se autodefine como La Memoria Histórica de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Los entrevistados se hacen preguntas inquietantes. ¿Es este el héroe que nos merecemos? ¿La sociedad colombiana se está popeyizando? Pero ninguno discute que su voz deba ser escuchada. Otra película, X, Sicario Profesional, fue realizada por el propio Velásquez, vía Popeye Productions. El hombre ya es toda una industria. Cabe ahora preguntarse: ¿hace o no apología del delito? ¿Nueva Maritza…? Los testimonios pueden perturbar a muchas víctimas. Popeye transmite sus visitas a la tumba de Escobar, donde deja flores y besa la lápida. Narra crímenes célebres con una primera escena en la tumba del asesinado. Pero en 2015 María Carolina Hoyos, entonces viceministra de Tecnologías de la Información y Comunicación, aceptó reunirse con él en un encuentro que Radio Caracol calificó de “conmovedor”. Popeye le contó cómo fueron los últimos días de su madre, la periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Pablo Escobar y herida mortalmente en un oscuro intento de rescate, en 1991. En la entrevista María Carolina Hoyos lloró ante las crudísimas revelaciones. Luego perdonó a Popeye. ¿Todo este cuento dice algo al Perú? Ni el canal de John Jairo Velásquez ni sus libros están prohibidos en Colombia. ¿Qué pasaría si su experiencia se repite aquí? Supongamos que Maritza Garrido Lecca, en libertad desde ayer, decidiera lanzar su canal YouTube llamándolo Maritza te habla. En sus emisiones no haría una exaltación de la ideología senderista ni analizaría la realidad nacional convocando a transformarla a través de la violencia. Haría un relato de sus experiencias personales: cómo se vinculó con dirigentes de Sendero Luminoso, por qué decidió apoyarlos, cómo fue su experiencia personal con Abimael Guzmán mientras lo mantuvo escondido, cómo fueron sus años en el penal de Santa Mónica. En el canal, asimismo, entrevistaría a mujeres que, al margen de su delito precedente, salen de la prisión en busca de rehacer su vida. También daría lecciones de danza. Un contenido, en suma, dirigido a rehacer su imagen: igual que Popeye, pero con otra modalidad. Debate incipiente En el Perú, por los años transcurridos desde la derrota del terrorismo, recién va a intensificarse la discusión sobre lo que les está permitido a quienes lo cometieron y están en libertad. Es significativa la reacción causada por un largo reportaje publicado en Somos, la revista de El Comercio, sobre Maritza Garrido Lecca. Al margen de las opiniones sobre sus cualidades periodísticas –no vienen al caso en esta nota– hay quienes la consideran apología del terrorismo. Ningún juez en su sano juicio aceptaría la pretensión. Por otro lado, hay distintas posiciones sobre la permisividad a la actuación de Sendero Luminoso en los movimientos sociales. Una cosa está clara: con los parámetros actuales, establecidos tanto por el Tribunal Constitucional como por las continuas modificaciones al Código Penal, la presentación benevolente de una conducta delictiva, o incluso la pertenencia a una organización que cometió terrorismo, no basta para incurrir en algún delito de este tipo. La denuncia debe estar vinculada necesariamente a actos terroristas actuales, aunque sea en fase conspirativa. A falta de esto, es improbable que un juez impute responsabilidad. Popeye podría actuar aquí bajo ataques virulentos, pero en libertad. Tres caminos Legalmente el MOVADEF no es una organización terrorista ni sus militantes tampoco. Maritza Garrido Lecca no es terrorista: o lo es sociológicamente. No será fácil establecer nuevos cánones incriminatorios mediante reformas legales. El propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien dijo que el MOVADEF dirigió en buena medida la reciente huelga magisterial, espera que el Poder Judicial ilegalice su actuación en los procesos vigentes contra sus miembros. Pero el gobierno no propondrá un cambio legislativo. El Congreso tampoco parece interesado. Lo que falta es una política de Estado dirigida a los ex convictos terroristas. Una opción es restringir su actividad gremial, política y de expresión. Es la más inviable. Otra es permitirla bajo vigilancia policial y con incentivos por abdicación ideológica o arrepentimiento. No cabe esperar que el inepto Congreso la produzca. La tercera, no hacer nada. Es la más probable.
