Todos deberíamos ser conscientes de que en estos días se está jugando buena parte del futuro del país. Me refiero al desenlace de las huelgas en los sectores educación y salud. El país ha crecido de manera importante en los últimos años, ha reducido la pobreza, hemos dejado estadísticamente de ser pobres, pero corremos el riesgo de estancarnos en la trampa de los países de ingreso medio, o peor aún, de involucionar. Sin una política de salud adecuada hoy, el costo a largo plazo de las atenciones médicas será insostenible para las familias y para el país. Y sin una educación de calidad estamos condenados a empleos de baja productividad, a escasos niveles de civismo y cohesión social, a la formación de una opinión pública acrítica y manipulable. Todos parecemos estar de acuerdo con que la situación es paupérrima a insostenible, y todos queremos que cambie. Sin embargo, hacer cambios resulta tremendamente complicado. Esto porque el empobrecimiento de esos sectores llevó al desarrollo de diversas estrategias de adaptación que han generado hábitos muy difíciles de romper. Las muy bajas remuneraciones obligaron a los trabajadores de esos sectores a dedicar su tiempo a conseguir otros trabajos o crear otras formas de generar ingresos, todo de manera informal; como compensación no salarial, el Estado decidió ignorar todo lo que sucedía en el traspatio. El costo lo pagó la sociedad en general, con la caída en la calidad de los servicios. En los últimos años hemos crecido y tenemos más recursos que antes, con lo que se abrió la posibilidad de hacer reformas. Hubo la posibilidad de invertir más, mejorar la cobertura de los servicios, mejorar en algo la infraestructura. Pero quedó pendiente la verdadera reforma, la más complicada, la de las remuneraciones. Porque si bien es cierto hay que pagar mucho más, también lo es que las mejoras salariales deben estar asociadas a capacitación y evaluación de desempeño. Así, si bien es cierto Perú destina apenas el 3% de su PBI a la educación, según datos de 2013, muy por debajo de México (3.9), El Salvador (4.0), Chile (4.2), Uruguay (4.9), Ecuador (5.2), Bolivia (5.6), Venezuela (6.4), Costa Rica (7.8), Argentina (8.0), o Brasil (8.3), también lo es que países que gastan más como Brasil o Argentina tienen resultados similares a los de Colombia, que gasta apenas algo más que Perú (3.1 del producto) y claramente peores que Chile o Uruguay. Perú avanzó, muy accidentadamente en los últimos años, en romper las resistencias y generar el consenso necesario para establecer en el sector educación el criterio de amarrar mejoras en las remuneraciones a capacitaciones, evaluaciones y lógicas meritocráticas. Sería terrible que ese logro estratégico se pierda. Ese es el gran nudo que se debe romper para avanzar en una reforma; es útil mirar el caso de México en los últimos años, con el intento de reforma del presidente Peña Nieto, que dio lugar a masivas protestas en todo el país, con altos niveles de violencia. Nuestro país, a pesar de todo, parecía haber pasado esa página. El conflicto en educación y salud debería ser un punto de inflexión en una estrategia de reforma. Cobrar nuevo impulso en educación, más inversión, pero superando el escollo de resistencias regionales y de dirigencias hiperpolitizadas. Y aprovechar la coyuntura para lanzar una verdadera reforma en la salud, donde todavía se ha avanzado muy poco. Para esto se necesita de un gran acuerdo político y social, equivalente al logrado en el sector educación. Estas sí que serían contribuciones importantes del gobierno de Kuczynski al futuro del país. El conflicto en educación y salud debería ser un punto de inflexión en una estrategia de reforma.
