La periodista señaló que el grupo radical Conare busca desplazar a Patria Roja del Sutep y de la Derrama Magisterial. Criticó al Gobierno por no enfrentar este problema de fondo. ,La periodista Rosa María Palacios explicó que hay un trasfondo político en la huelga de los maestros que está afectando a miles de alumnos, principalmente, en las 10 regiones del país -como Cusco y Puno- donde se han registrado las protestas más radicales. En su programa “Sin guion” por LRTV, la también abogada indicó que la huelga se ha agudizado porque la facción Conare busca quitar a Patria Roja el dominio del Sutep y de la Derrama Magisterial. Considera que este es el real objetivo de las protestas, y que los pedidos de aumento de salarios o mayor presunto para el sector son solo excusas. PUEDES VER RMP: “La ‘ley antitransfuguismo’ se ha hecho para controlar a los fujimoristas” “Durante 30 años, Patria Roja -que es una escisión del Partido Comunista del Perú, de donde también salió Sendero Luminoso- controló el Sutep tanto que también controló a la Derrama Magisterial, que es una institución privada que recibe el aporte miles de maestros en el Perú y les otorga créditos educativos, personales y otros beneficios”, aseveró. “[La Derrama Magisterial] es un patrimonio muy apetitoso de manejar y lo maneja Patria Roja, que también maneja al Sutep”, acotó. Rosa María Palacios precisó que el Comité Ejecutivo Nacional CEN-Sutep, de Patria Roja, no está en huelga sino bases regionales como Conare que están vinculadas al Movadef. “Hay un movimiento fuerte dentro del magisterio, especialmente en el Cusco, para desplazar a Patria Roja y controlar, a través del Conare, los gremios del Sutep”, detalló. Asegura que este problema el Gobierno no ha sabido enfrentarlo ni resolverlo porque insisten en que no pueden negociar con dirigentes del Conare con el argumento de que no representa al Sutep nacional. “Esto ha llevado a la radicalización de la huelga de Conare, que busca solo buscar desplazar a Patria Roja”, refirió. En ese sentido, la periodista dijo que el Ejecutivo debe tener una respuesta política ante esta problemática y que debe estar acompañada por el pronunciamiento de las demás fuerzas políticas del Congreso. “Esta batalla no la puede ganar Movadef y para ello se necesita una respuesta conjunta de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, desde donde no están viendo el tema con claridad”, finalizó.
