JNJ: La prepotencia del poder arbitrario, por César Azabache Caracciolo

La suspensión que la JNJ impuso a la fiscal Espinoza jamás tuvo pies ni cabeza. Haber intentado dividir sus fundamentos por fragmentos —para eludir la orden judicial que obliga a dejarla sin efecto— ha sido una de las cosas menos serias que he visto en este tiempo plagado de banalidades. La causa de la suspensión fue una sola: no obedecer la orden que la JNJ impartió en junio de este año para devolver la Fiscalía de la Nación a la fiscal Benavides. Esa orden, la de junio, cargaba miles de defectos. Pero uno destaca en la enciclopedia del absurdo: quien expide el título al o a la fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos, no la Fiscalía de la Nación, y la orden emitida por la JNJ fue dirigida a la fiscal Espinoza, no a la Junta de Fiscales Supremos.

Dirección errada, entonces. Tan simple como eso.

Nadie puede obedecer una orden que queda instalada fuera de sus competencias. Comprender esa regla es un asunto de examen para el primer o el segundo curso en Derecho. Uno de esos asuntos que los profesores de facultad regalan para que nadie saque cero en la prueba. Basta con tener algo de sentido común para no equivocarse en esto. Pero la JNJ, que debe elegir jueces y fiscales, que los califica y evalúa, falló en la cuestión más fácil imaginable: envió su orden a la entidad equivocada y luego, en lugar de corregirse, decidió procesar a la destinataria de la orden mal impartida por no hacer eso que, aunque la JNJ quería, no podía hacerse.

Las banalidades, sin embargo, tienen casi siempre mensajes ocultos. A inicios de siglo, cuando revisábamos los casos que Vladimiro Montesinos promovió en la segunda parte de los años 90, notábamos que muchos, sobre todo los casos penales vinculados a impuestos, estaban mal hechos, plagados de defectos de todo tipo. Montesinos nunca fue un gran abogado, pero tampoco un ignorante. Sabía obtener lo que quería, sabía tejer redes de influencia y sabía rodearse de gente informada. Observando esos casos, notamos que no eran expresión de torpeza ni de ignorancia, sino resultado de un perverso protocolo de disenso para construir poder: esos casos mostraban que Montesinos podía crearle problemas a quien quisiera, aun con expedientes mal construidos, argumentos falaces y falta de evidencias de respaldo. Pero claro, como él sabía que esos casos estaban mal hechos y que se sostenían solo porque estaban en manos de magistrados que dependían de él por una razón o por otra, podía desactivarlos a su antojo.

El hacedor de casos sin sentido los usaba para convertirse él mismo en un factor de poder. Desde que los instalaba en el sistema, los casos ya no dependían de una razón que les diera origen. Dependían exclusivamente de su influencia.

No debería sorprendernos, entonces, que la entidad encargada de elegir jueces y fiscales entre nosotros esté haciendo gala de algo que dista de ser ignorancia. Lo que está instalando es un dispositivo de poder arbitrario, de prepotencia absoluta, que somete el sistema a un juego directo de influencias y caprichos. Aparentemente, la JNJ —alguien en ella o alguien a través de ella, si nos ponemos conspirativos— busca mostrarnos que ahí se puede hacer cualquier cosa, siempre que exista un objetivo común definido con base en influencias.

Hoy las influencias las acapara, por lo que a la JNJ se refiere, la coalición que hoy controla el Congreso. Mañana no sabemos quién las tendrá en sus manos.

La secuencia, anticipada por varios observadores, por lo demás, se está cumpliendo casi al pie de la letra: tras la decisión de la propia Benavides de no insistir en tomar la Fiscalía de la Nación, la JNJ resucitó su caso original y lo convirtió en plataforma de ataque contra una fiscal imposible de reducir a las etiquetas binarias de uso frecuente en estos días. Delia Espinoza no es “caviar”, no es “cuello blanco”, ni es “DBA”. Esta historia deja en evidencia que el lenguaje impuesto por la polarización es inútil para describir a magistrados o magistradas como ella, que han sido formados y formadas en instituciones que respetan y no ponen a la venta ni instrumentalizan, según las preferencias de una persona o grupo, los cargos que ocupan. Hablamos de personalidades que creen en las instituciones que representan. Por eso no se doblegan. Por eso estorban a quienes están instalando entre nosotros redes de influencia basadas en preferencias puramente subjetivas, caprichos o incluso sobornos.

Mientras se ha mantenido fuera de escena a la señora Espinoza, el señor Gálvez, fiscal de la Nación interino, ha hecho todos los cambios que ha querido, contando las horas que le quedan en el puesto. Tratándose de uno de los expertos con mayor producción académica en el Ministerio Público, es difícil no asumir que su esquema de acciones ha sido cuidadosamente calculado. El señor Gálvez ha mostrado cuán efectivo puede resultar someterse a la mayoría que controla el Congreso: desentrampó el bloqueo presupuestal que se impuso a la señora Espinoza. A la vez, ha instalado en el Ministerio Público las llaves de una influencia que le es propia y que probablemente intente usar para mantener un peso específico en esta entidad incluso después de que deje el puesto.

En la tribuna no faltan quienes, alentando la prepotencia, animan a la JNJ a lanzar el anatema “prevaricador” sobre el juez constitucional que tiene en sus manos el caso Espinoza v. JNJ.

El Judicial, con sus propias complejidades, sigue siendo un espacio no controlado por la coalición que ahora domina los otros dos poderes del Estado. La cantidad de jueces y juezas que se niegan a someterse es significativa. Pero vienen las jubilaciones en la Corte Suprema. Y vendrán las ratificaciones.

El Judicial: ahí la presa final de esta JNJ que, no cabe duda, va por más, aunque sea expandiendo las rutas de la más grotesca prepotencia.