La memoria como mandato ciudadano

El Perú atraviesa un momento de descomposición política acelerada. Un Ejecutivo sin legitimidad, sostenido por un pacto con un Congreso desprestigiado —dedicado más al blindaje de intereses que a la representación ciudadana—, ha profundizado la brecha entre Estado y sociedad. En este escenario, los transportistas se están movilizando contra la extorsión que las autoridades son incapaces de contener.

 Mientras eso ocurre, una nueva generación de jóvenes protesta contra los abusos del poder y la corrupción instalada en las instituciones. La respuesta oficial ha sido la misma de su génesis: represión, criminalización, silencio y negación frente a las demandas legítimas internas e internacionales.

En este contexto, la última encuesta del IEP revela que el 61% de los peruanos se opone a una amnistía para militares involucrados en violaciones de derechos humanos. Esa mayoría expresa una convicción ciudadana. El mensaje es que el país no está dispuesto a legitimar la impunidad, ni en el recuerdo de la violencia política ni en la represión ejercida hoy contra quienes se atreven a protestar.

La negativa ciudadana a la amnistía trasciende el debate histórico. Se trata del rechazo a la continuidad de un patrón de abuso estatal que va desde los años más oscuros del conflicto armado interno hasta las movilizaciones recientes, donde decenas de jóvenes han sido reprimidos por exigir mejores condiciones para forjar un futuro digno.

Ese rechazo ocurre, además, en medio de una doble fractura. Por un lado, la incapacidad del Estado para contener la extorsión que asfixia al transporte y a la economía popular. Por otro, la indignación creciente de los jóvenes frente a un régimen autoritario que ha hecho de la represión y el blindaje político sus principales herramientas de gobierno.

Pretender borrar responsabilidades en nombre de una supuesta reconciliación nacional equivale a reescribir la historia para legitimar el olvido. Y esa pretensión se estrella contra una sociedad que ha aprendido, a un costo demasiado alto, que la impunidad nunca garantiza paz.

Si quienes gobiernan persisten en ignorar esta voz mayoritaria, no consolidarán gobernabilidad, sino desafección. Y la sentirán en las siguientes elecciones. Porque lo que hoy demanda la ciudadanía es más claro que nunca: memoria para los crímenes del pasado, justicia frente a los abusos del presente y dignidad para el futuro democrático del país.