PNP tiene la obligación de publicar cifras de homicidios
La decisión del general Óscar Arriola de dejar de informar las cifras de homicidios vulnera la ley y priva a la ciudadanía de conocer la dimensión real de la violencia.
Los datos públicos orientan la acción del Estado. Permiten identificar problemas, asignar recursos y evaluar resultados. En seguridad, las cifras de homicidios muestran dónde intervenir y cómo medir lo que funciona. Con información clara, la autoridad decide mejor y la ciudadanía puede exigir respuestas.
En el caso peruano, las cifras disponibles trazan una tendencia grave. El país registraba alrededor de 1.500 homicidios en 2023 y cerró 2025 por encima de los 2.200 casos. Hace menos de una década, el número anual se situaba por debajo de los 700. En términos diarios, el salto resulta imposible de ocultar. De poco más de cuatro asesinatos al día en 2023, hoy está por encima de seis muertes diarias.
Lo cierto es que el país ha cruzado un umbral. La violencia se ha instalado como un problema público altamente prioritario.
En ese sentido, la restricción de información aparece en un contexto de captura institucional y época electoral. En ese escenario, retirar datos del espacio público dificulta el debate sobre la evidencia, por lo que complica la capacidad de la ciudadanía para evaluar lo que ocurre.
La Policía Nacional del Perú, como toda institución estatal, tiene obligaciones precisas. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú garantiza el acceso a la información pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige su difusión activa, por lo que las cifras de homicidios forman parte de ese deber que ningún general ni autoridad institucional temporal puede rechazar arbitrariamente. Para eso la ley está siempre por encima.
Según las últimas cifras, la evidencia arrojaba que el país enfrenta más de seis homicidios al día. Esa realidad exige claridad, no silencio. Publicar las cifras constituye una obligación legal.
En un contexto electoral, esta discusión adquiere un sentido adicional. El voto ciudadano se nutre de información clara para evaluar trayectorias, discursos y responsabilidades. En plenas jornadas de debates presidenciales es fundamental advertir que la seguridad no se mide en promesas populistas, sino en resultados verificables. Por eso, exigir transparencia también forma parte de la decisión en las urnas: elegir implica premiar o sancionar la forma en que el poder administra la verdad que debe ser pública.