El Estado, mi chacra, por Maritza Espinoza

Mucho de lo que ocurre con los congresistas mochasueldos o con las granjas de troles que financia el presidente del Congreso, Alejandro Soto, con nuestro dinero, son consecuencia de una lógica instalada en la cabeza de quienes llegan a la función pública con poca formación y menos escrúpulos: que los recursos públicos que llegan a sus manos son de su propiedad y pueden ser usados a su conveniencia.

Así, la política, desprovista de cualquier afán de servicio público, se convierte en la chacra personal de parlamentarios, alcaldes, gobernadores e incluso de una presidente de la República que considera que su imagen personal —no la del jefe de Estado que representa a la nación, sino la de la ciudadana llamada Dina Boluarte— merece ser resaltada con dinero que sale de nuestros impuestos.

Porque con nuestros impuestos se paga el sueldo de su asesora personal nombrada mandamás del canal estatal, o las consultorías externas que ordena contratar para compensar su mala imagen por los muertos de la represión de su gobierno, o el festín legal que le permitió salir inconstitucionalmente del país solo para tomarse su fotito con Lula.

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Con los congresistas mochasueldos ocurre lo mismo, pues estos señores creen que, al acceder a su cargo, los recursos que se destinan al ejercicio de su función son de su uso personal y discrecional, comenzando por su personal asignado. La lógica subyacente es: “Yo les conseguí la chamba, así que me deben una alita de lo que ganan”. O, en el caso de Soto, tiempo de sus labores sirviéndole de troles.

La misma podrida lógica explica los actos del alcalde Ulises Villegas, quien usó funcionarios, empleados, serenos y contratistas del municipio de Comas para hostilizar a la congresista Sigrid Bazán el lunes pasado. Esas personas tienen funciones concretas que figuran en sus contratos de trabajo. En un verdadero Estado de derecho, la persona que los obliga a incumplir esas funciones —es decir, su jefe, el acalde— ya estaría denunciada por malversación.