Un mensaje presidencial imperdonable, por Omar Cairo Roldán

En la mañana de ayer, durante la misa Te Deum, el arzobispo de Lima dijo que aún esperan “justicia y reparación” las muertes provocadas por la represión de las protestas de diciembre pasado y enero del presente año. Poco después, en su primer mensaje a la nación ante el Congreso, la presidenta de la república pidió perdón, en nombre del Estado, por los 49 civiles fallecidos “en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden”.

Sin embargo, en un orden democrático la matanza de manifestantes es un imperdonable crimen contra los derechos humanos, y su persecución judicial es universal e imprescriptible. Por eso sus autores –directos o indirectos, mediatos o inmediatos– no pueden recibir indultos, ni ser beneficiados por leyes de amnistía. Por eso la respuesta a este tipo de crímenes no es el perdón sino la responsabilidad penal.

Luego de afirmar que el “saldo de víctimas” de la represión gubernamental fue “un lamentable resultado que nadie quiso”, la presidenta anunció que su Gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la materia. Probablemente, olvidó que, según el informe de la CIDH (Situación de Derechos Humanos en el Perú en el Contexto de las protestas sociales – 23 de abril 2023), las muertes ocurridas el pasado diciembre, en Ayacucho, no fueron un “lamentable resultado que nadie quiso”, sino “graves violaciones de derechos humanos” que “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podría calificarse como una masacre”. La CIDH, además, recomendó que su investigación debe incluir “líneas investigativas sobre posibles responsabilidades por cadena de mando”.

PUEDES VER: Solo la mitad de conflictos sociales cuenta con una mesa de diálogo durante la gestión de Dina Boluarte

La responsabilidad política (diferente de la responsabilidad penal) por esta tragedia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, debió ser asumida por los ministros correspondientes. Sin embargo, esta continúa sin hacerse efectiva. El ministro del Interior no fue destituido por la presidenta de la república ni censurado por el Congreso. El ministro de Defensa, por su parte, fue convertido en presidente del Consejo de Ministros y mantiene este cargo hasta hoy. El Congreso tampoco lo ha censurado.

En este momento, la presidenta es desaprobada por el 81% de ciudadanos, mientras que los congresistas soportan el rechazo de 90% de peruanos. A pesar de esta dramática realidad, en su mensaje a la nación, la gobernante propuso el retorno a la bicameralidad. Planteó la existencia de una Cámara de Diputados elegida “a través de distritos uninominales” y de un “Senado elegido en distrito nacional único, donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora”.

La alegría de nuestros congresistas debió ser indescriptible, porque la aprobación de esta propuesta presidencial restablecería, de forma encubierta, la posibilidad de su reelección. Quedarían habilitados para postular a la Cámara de Diputados para el período 2026-2031, y al Senado de la República para el período 2031-2036. Recordemos que esta reelección inmediata actualmente se encuentra prohibida por el artículo 90-A de la Constitución, cuya aprobación –mediante reforma constitucional– fue ratificada el año 2009, vía referéndum, por una mayoría abrumadora.

PUEDES VER: Detectan similitud entre mensajes a la nación de Dina Boluarte y de expresidente Sebastián Piñera

Ayer el arzobispo de Lima dijo que, actualmente, enfrentamos la “más grave separación y distanciamiento entre las capas dirigenciales, sobre todo las políticas y la vida del pueblo sencillo y sus graves sufrimientos y demandas”. Parece, agregó, que no se dieran cuenta de que el pueblo “existe, sufre y demanda cambios urgentes”. Lamentablemente, el mensaje a la nación pronunciado por la presidenta no hizo otra cosa que confirmarlo.