Congreso quiere controlar el JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, soporta desde el 2021 todo tipo de agresiones y amenazas provenientes de los grupos perdedores de los comicios.

En el 2023, Salas Arenas prosigue recibiendo similares ataques de grupos de ultraderecha, mercenarios y esbirros que integran ‘La Pestilencia’, entre otros, y ahora se han sumado congresistas y en el cargamontón se preparan leyes para instalar el control político de los magistrados que dirigen el proceso electoral.

‘La Pestilencia’, además, amparada por la inoperancia de la Policía y la Fiscalía, ha cruzado las fronteras y ha amenazado de muerte al magistrado, gritando a los cuatro vientos que tiene protección del más alto nivel.

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Hay un conjunto de declaraciones de especialistas, colegiados y gremios de juristas que han advertido de la impertinencia de la medida de control político que prepara el Congreso. Algunos de los argumentos que tienen el mayor sentido común son los que establecen que la independencia y la autonomía que deben respaldar la decisión del sistema electoral se verían mermadas frente a la posibilidad de que el Congreso juzgue y determine cuál es la decisión adecuada o correcta de cualquier magistrado.

La votación que alcanzó la inhabilitación para la función pública y la acusación de infracción constitucional ha puesto en evidencia que se trata de una práctica lesiva a los mandatos y autorizaciones de jueces y fiscales la que está poniendo en ejecución el Congreso de la República.

En el intento de control absoluto de los otros poderes del Estado, se está procediendo al arrase general de la institucionalidad democrática y se está configurando lo que politólogos han definido como golpe de Estado parlamentario.

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Hay una amenaza que no ha logrado consolidar sus argumentos para hacerse realidad. Al proceder con el conocido método de decir en la televisión lo que unas horas después se leerá en un matutino, y cerrar el círculo al exigir desde el Congreso severa sanción, ha quedado claro que la instalación de la mentira contra la JNJ no procedió. Contra esos magistrados también hay el peligro de la intervención política y de aplicación de sanciones. Un sistema de justicia amenazado y cercado nos aleja cada vez más de la democracia en la que queremos vivir.