
El Congreso quiso que hoy fuera feriado no laborable y, felizmente, el gobierno observó esta iniciativa absurda sin un real análisis costo/beneficio.
Su objetivo era conmemorar la batalla de Arica ocurrida el 7 de junio de 1880 en la guerra con Chile, y el Día de la Bandera establecido en 1924 por el gobierno de Augusto B. Leguía en recordación de la primera bandera peruana diseñada por el general José de la Riva-Agüero un día como hoy de 1822.
Es, sin duda, una fecha relevante para los peruanos, como se destacó en el congreso el 27 de abril pasado en el que 91 patrióticos votos concluyeron que esta era una estupenda manera de fortalecer el respeto a los símbolos y las insignias de la patria, así como “el honor, la gloria y la unidad nacional”.
El establecimiento de un nuevo feriado, sin embargo, que se sumaría a los diez que ya existen, debería evaluar otros factores como el sentido común de la oportunidad en que se propone.
Por ejemplo, que el crecimiento viene cayendo y que este año no superará el 2% frente al 2022. También es inconveniente porque, como más del 70% de los peruanos trabajan en condiciones informarles, con 13,4 millones de personas de la PEA en esa situación, crear un nuevo feriado implicaría que ese día sus ingresos se reducirían significativamente o se eliminarían. Los únicos entusiastas de más feriados que cobran sueldo completo con o sin feriado son los formales. Como los afortunados y muy patriotas congresistas que cada fin de mes pasan, impajaritablemente, por caja. En vez de más descanso, hoy se necesita más chamba.
PS. La periodista de Willax Milagros Leiva ha presentado una apelación al fallo condenatorio por el delito de difamación agravada en perjuicio de la política Anahí Durand. El fallo objeta que, en mayo de 2021, durante la campaña electoral, Leiva mostrara evidencia de que Durand estuvo casada con un militante del MRTA; que firmó una carta pidiendo cambio de condiciones carcelarias para el líder de esta organización, Víctor Polay; y que presentó el libro de un exconvicto emerretista.
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El IPYS —que este columnista preside— cree que ese fallo afecta el derecho de la prensa a mostrar con veracidad antecedentes de los políticos, y a opinar libremente sobre ellos, incluso mediante opiniones controversiales.





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