Negacionismo oficial, por Indira Huilca

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas que tomaron la escena política desde la caída de Pedro Castillo. La recepción de este informe sirve como un muestrario de las características del régimen y la alianza de poderes que lo sustenta. En primer lugar, está la reacción de Alberto Otárola. No olvidemos que de los 48 trágicos días que abarca el informe, 14 corresponden a su mandato como ministro de Defensa y los 38 restantes a su actuación como presidente del Consejo de Ministros.

Desde esa posición se ha referido al documento como un “reporte de un informe técnico temático” que contiene recomendaciones. Frases como “no es una sentencia” o “el informe no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a ningún funcionario del Estado” es la respuesta de quien se sabe responsable de los hechos que de acuerdo con la CIDH deben investigarse y sancionarse: probables ejecuciones extrajudiciales y probable masacre, resultado del uso excesivo de la fuerza de agentes estatales.

Queda así claro que impunidad y continuidad del gobierno son objetivos amarrados. Tanto para Otárola como para Boluarte es necesario mantener el control para negociar que no se les procese y postergar así la cárcel que les aguarda. A la vez, proteger a las Fuerzas Armadas de eventuales investigaciones es una condición para que estas no retiren su apoyo a la coalición en el poder. Luego está Boluarte, quien cree que puede elegir con qué conclusiones del informe quedarse e incluso tergiversar los términos a conveniencia. Por ejemplo, aseguró que la CIDH califica la actuación de Castillo como un “golpe de Estado” —algo que la CIDH no hace— e insistió en que las violaciones a los derechos humanos se mencionan “de manera condicional”.

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No está demás recordar que el término “presunto” no quiere decir que no existieron las vulneraciones a la vida y la integridad física. El uso de tal término apunta a la necesidad de verificar si los hechos reúnen las condiciones para ser tipificados de un modo específico (ejecución extrajudicial, masacre). De hecho, el informe se refiere a “graves episodios de uso excesivo de la fuerza”, a las “graves violaciones a los derechos humanos” en Juliaca y a la “desproporción en el uso letal de la fuerza, toda vez que los disparos estuvieron dirigidos a órganos vitales”, en Ayacucho.

Este negacionismo oficial es el ambiente propicio para que la ultraderecha insista en su sueño de que el Perú se retire del sistema internacional de justicia. Es un coro en el que coinciden varios: quienes piden que el informe “lo tiren a la basura” (Moyano, Cueto), lo manden “al archivo” (Cavero) o se quejan de una “injerencia a la soberanía” (Williams). No faltan, claro, quienes califican a las víctimas directamente como terroristas (Maricarmen Alva), siguiendo la endeble teoría oficial de una “democracia bajo ataque”.

Como vemos, en las posturas en juego en el Ejecutivo y el Legislativo el informe CIDH no supone ninguna novedad. Pero quienes piensan que su impacto no es significativo pierden de vista dos cosas. Por un lado, la reivindicación que el informe supone para los sobrevivientes, los familiares de las víctimas, el personal médico que certificó las muertes, para las organizaciones de derechos humanos y para los cientos de miles de personas movilizadas, así como para los periodistas que no callaron los hechos. Por otro lado, no valoran que el informe es ahora un referente ineludible en los procesos de búsqueda de justicia para las víctimas, tanto en el espacio nacional como en el sistema internacional.