Mochasueldos, por Inés Flores

A las seis congresistas acusadas de cortarles el sueldo a sus trabajadores les debe caer todo el peso de la ley. Ellas son María Cordero (Fuerza Popular) y Heidy Juárez (Podemos Perú). Se suman Katy Ugarte (No Agrupadas Perú Libre), así como Rosio Torres, Magaly Ruiz y María Acuña Peralta de Alianza para el Progreso.

Los casos de Cordero y Juárez fueron denunciados por la Fiscalía de la Nación y serán vistos este lunes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Las demás están en la Comisión de Ética.El de Acuña recién se conoció el viernes último por la noche por un medio periodístico.

Estas denuncias de corrupción, protagonizadas por parlamentarias, han generado nuevamente un escándalo político en el Congreso de la República. Deshonran a la institución parlamentaria, al género femenino y sobre todo a los votantes que las eligieron. Las implicadas pertenecen a bancadas de derecha e izquierda. Del centro no decimos nada porque no existe.

El resultado de la investigación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería estar listo a finales de mayo, como dice su presidenta Lady Camones y, en consecuencia, las denunciadas podrían quedar desaforadas para que reciban la sanción penal que les corresponde. La Comisión de Ética también debe aplicar la máxima sanción a las acusadas.

Ha sucedido, sin embargo, con otros casos similares que en el Pleno del Congreso vienen los acomodos y al final la mayoría congresal termina salvando a sus colegas corruptos. Los corruptos (y corruptas) son blindados y protegidos en un intercambio de respaldos mutuos. Esta perversa práctica parlamentaria termina afectando más la imagen del Legislativo, el cual tienen una alta desaprobación. Ojalá que este caso sea una excepción.