Cuestionamiento europeo

El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló en un reciente pronunciamiento que le ha planteado claramente a la ministra de RREE del Perú, Ana Cecilia Gervasi, que debe explicarse claramente quién y por qué recurrió al uso excesivo de la fuerza para responder a las movilizaciones de protestas en Perú.

Estas preguntas deben ser respondidas por el Gobierno del Perú y tienen que dejar en claro las responsabilidades sobre los más de 60 muertos y los 1,300 heridos en las protestas, de diciembre de 2022 a marzo de este año.

El pedido del diplomático es una reiteración acerca de quién dio la orden para el proceder ilícito de las fuerzas del orden y definir sanciones para quienes hicieron mal uso de armas de fuego y de la licencia para reprimir.

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Han sido muchas las instituciones que velan por los derechos humanos y las libertades civiles en el mundo que han levantado su voz de protesta contra el ciclo de violencia que vivió el Perú al asumir el Gobierno de transición, la actual presidenta Dina Boluarte. Todas ellas han hecho hincapié en la celeridad de la investigación y de las sanciones que se impongan para evitar el clima de impunidad.

Hasta donde se conoce, hay poca convicción para investigar los hechos por parte de los órganos encargados. Se ha designado a un grupo de fiscales, pero que no son especializados en derechos humanos. Otra crítica es que se han cambiado las sedes de los lugares donde ocurrieron los hechos: se ha decidido centralizar en Lima todo lo actuado.

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Los deudos de los fallecidos y los heridos durante estas incursiones militares y policiales han expresado su rechazo firme a estas acciones de la fiscal de la Nación, que no parecen estar motivadas por ninguna otra razón que la parcialidad de la justicia con el Gobierno de turno.

El reclamo proveniente de instancias internacionales todavía no parece ejercer en las autoridades peruanas la presión necesaria para que se proceda a impartir justicia con la garantía de imparcialidad y autonomía necesarias. Sin embargo, el aislamiento del país y la baja calificación que recibe por su comportamiento antidemocrático resultan indeseables para un Gobierno que quiere mantenerse en el poder por un tiempo más, como parece ser la pretensión de la presidenta Boluarte y el primer ministro, Otárola.