Protestas: de todo, como en botica
De Puno a Piura, movilización por motivos muy distintos.
Los huaicos e inundaciones iniciados desde hace un mes no solo se llevaron viviendas e infraestructura, sino, también, a las protestas sociopolíticas tras la destitución de Pedro Castillo, pero estos desastres climáticos han dejado otras movilizaciones por la insuficiente respuesta frente a las emergencias.
Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte disminuyeron bastante a mediados de marzo, pese a que la desaprobación a su desempeño siguió siendo muy elevada (78% en marzo, IEP), desapareciendo en todo el país con la excepción de algunas zonas de Puno.
Este es el último bastión de la protesta, por varias razones: es la región con mayor pobreza relativa del país (43% de su población). La mitad vive en zona rural. Su informalidad llega al 90%, con una economía con alta ilegalidad y vínculo al crimen organizado. Ahí se ha producido casi la mitad de las muertes en las protestas. Fue la región que más votó por Castillo en la segunda vuelta (89%) y es donde más ha calado su discurso posgolpe: cree que lo hizo el Congreso, que Boluarte es una traidora y que la prensa está contra el pueblo.
Tiene un fuerte sentimiento contra Lima y el centralismo, a lo que debe agregarse una buena capacidad de organización política, con la mayor cantidad de comunidades campesinas (1.274) del país. Su protesta se circunscribe, sin embargo, a Puno. Cuando intentaron la ‘toma de Lima’, fracasaron.
Es probable que la protesta rebrote en Puno en tanto le hagan espacio en la agenda nacional a las inundaciones del norte, pero estos desastres también están generando movilizaciones como el paro anunciado en Piura para el 18 de abril, el cual se dirige contra el gobierno central cuando debiera reorientarse hacia las autoridades regionales, provinciales y distritales que hicieron poco en los últimos años por la construcción de la infraestructura requerida.
Por último, uno de los legados más preocupantes de las protestas de estos meses es que han dejado una legitimización social del delito y la violencia: según Ipsos, 21% justifica el bloqueo de carreteras, 12% la toma de aeropuertos y 10% la quema de locales públicos.
Protestas seguirá habiendo, aunque con distintas motivaciones, direcciones y objetivos, según el momento y la región.