Crimen sin castigo: ¡pero, ay, qué rico!

La justicia es, con frecuencia, el último bastión de no pocos políticos para huir de la corrupción que denuncia la prensa.

Alejandro Toledo ha postergado su extradición desde 2017 gracias a un gran equipo legal y un potente lobby que lo revela como poseedor de uno de los networks internacionales más poderosos de un peruano en la política y la academia de Estados Unidos. Su caso de corrupción es quizá el más sencillo de demostrar por los testimonios sobre los US$35 millones entregados por Odebrecht y Camargo Correa, pero, principalmente, por el trabajo de periodistas como Óscar Libón y Marco Vásquez, entre muchos otros.

El exvocal supremo César Hinostroza es otro denunciado por el periodismo (IDL Reporteros, caso ‘Cuellos blancos’) que, gracias a sus contactos políticos y judiciales en el Perú y España, logró escapar. Quizá nunca vuelva.

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Otros dos casos recientes que conozco bien añaden evidencia a cómo la justicia le saca la vuelta al periodismo.

Uno es el de los Petroaudios, denunciado en 2008 por un trabajo conjunto de Cuarto poder cuando América Noticias era liderada por la gran directora Laura Puertas, y por el diario Perú.21 que dirigía este columnista. Con solidez, se reveló un tráfico de influencias organizado por el pirata dominicano Fortunato Canaán en el segundo mandato del presidente Alan García y que se trajo abajo al gabinete ministerial. La semana pasada la Corte Suprema concluyó, quince años después, que el caso ha prescrito. Nadie fue preso, con la excepción del equipo de chuponeadores.

Otro escándalo no menos curioso: también en Perú.21, en 2007, el auxiliar del Congreso Juan Carlos Cuadros Noriega tomó contacto con el gran reportero Carlos Castillo para informarle que la congresista aprista Tula Benites lo usaba como empleado fantasma para quedarse con gran parte de su sueldo y que no le estaba cumpliendo el acuerdo.

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El hecho fue denunciado y, pese al respaldo político público que le dio el expresidente García y del soporte de su tío, el presidente de la Corte Suprema Walter Vásquez Bejarano vinculado al Apra, Benites fue desaforada. 16 años después, la Corte Suprema la ha absuelto y ella le pide al Congreso una compensación de S/740 mil soles. Crimen sin castigo: ¡pero, ay, qué rico!