En dos semanas, según el cronograma oficial del Minedu y la aplicación del Currículo Nacional de la Educación Básica, los colegios públicos iniciarán clases. Varios centros privados ya comenzaron el año académico. Y mientras el calendario avanza, este servicio, que es un derecho, revela serios problemas.
La reciente advertencia de la Contraloría General de la República sobre 144 colegios en mal estado en Lima confirma un patrón de gestión que posterga mantenimiento y privilegia la reacción. En distritos como Ancón, Carabayllo, Comas y Puente Piedra se registran aulas con deterioro estructural. En San Juan de Lurigancho y El Agustino aparecen restricciones de agua potable, electricidad e internet. En otras palabras, el derecho a la educación convive con carencias materiales.
Madres y padres financian el sistema con impuestos y pensiones. Docentes sostienen el proceso pedagógico con trabajo cotidiano. Muchas familias realizan pagos en instituciones privadas que no siempre garantizan estándares de seguridad y equipamiento. La educación se convierte así en una relación desigual en la que el usuario asume costos sin contar con información suficiente ni mecanismos ágiles de supervisión.
En paralelo, el país ingresa, además, en un ciclo electoral.
El voto ofrece una herramienta de incidencia concreta. La deliberación pública permite exigir planes concretos de infraestructura, cronogramas verificables y sistemas de mantenimiento preventivo. Muchos de los parlamentarios que pertenecen a bancadas con representación actual en el Congreso han sido partícipes de los retrocesos del sistema educativo en el país.
Por eso, desde esta redacción, recordamos que la escuela expresa siempre el proyecto de país. El aula resume inversión pública, organización estatal y compromiso social. Por lo tanto, la ciudadanía cuenta con su sufragio como herramientas de dirección colectiva.
La educación debe ocupar el centro de la agenda nacional mediante decisión informada y exigencia permanente. Solo con ella, será posible la consolidación de una república superior.