Exaprista Tula Benites recibirá más de S/740.000 del Congreso
Gasto. La Mesa Directiva de José Williams accedió al pedido de la excongresista aprista Tula Benites para que el Congreso le entregue las remuneraciones que no percibió tras ser suspendida por la contratación fantasma de un trabajador de su despacho.
La Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Williams, autorizó el pago de los sueldos que se le retuvo a la excongresista aprista Tula Benites luego de que fuera suspendida en 2008 al aprobarse la acusación constitucional por los presuntos delitos de peculado, colusión y falsedad genérica. Se le privaron de sus derechos parlamentarios por la contratación fantasma del auxiliar de su despacho Juan Carlos Cuadros Noriega.
El acuerdo de la Mesa Directiva invoca el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que establece que las remuneraciones de un legislador suspendido por acusación constitucional son depositadas en una cuenta especial, que el parlamentario no puede disponer. Si el Poder Judicial absuelve al congresista de los cargos, se le entregará el monto acumulado. Este fue el caso de Benites Vásquez.
En febrero de 2014, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema absolvió a la excongresista aprista al no encontrar responsabilidad penal sobre la contratación de Juan Carlos Cuadros Noriega, trabajador de su despacho que no acudió a trabajar ni recogió el fotocheck que lo acreditaba como servidor del Parlamento. El fallo fue duramente criticado por los legisladores.
El fiscal supremo Pablo Sánchez plantearía un recurso de nulidad contra la sentencia a fin de que Benites Vásquez sea sometida a un nuevo juicio oral. Sin embargo, este no prosperó.
El caso en el Congreso
Según consta en el informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Cuadros Noriega acudió solo en dos ocasiones al Parlamento, no como trabajador, sino en calidad de “visitante”. Con relación a los depósitos a una cuenta bancaria a su nombre, Cuadros reconoció, ante Perú21, que “prestó su nombre” a cambio de un pago mensual de 300 soles y acceso al seguro social. No obstante, ante un supuesto incumplimiento por parte de la exaprista, canceló la tarjeta y solicitó un estado de cuenta al banco.
Dicho estado de cuenta arrojó que todos los retiros bancarios se hicieron en La Libertad, departamento al que representaba Tula Benites en el Congreso de la República. Por ello, el entonces procurador público del Congreso, Julio Ubillús Soriano, denunció a Juan Carlos Cuadros Noriega por falsedad genérica, estafa y colusión.
Cuadros Noriega tuvo la misma suerte que Tula Benites en el Poder Judicial. El juez Darío Octavio Palacios Dextre, del Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, lo absolvió de todos los cargos. La decisión fue ratificada por la Cuarta Sala Penal para Reos Libres de Lima.
La demanda de Benites
Tras confirmarse su exculpación, Tula Benites demandó al Congreso ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, exigiendo una indemnización de 2,5 millones de soles “como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados".
En paralelo, la exaprista recurrió al Tribunal Constitucional luego de que su otro recurso —una demanda de cumplimiento con la que solicitaba el pago de S/629.200— fuese rechazado en primera y segunda instancia por el Tercer Juzgado Constitucional y la Segunda Sala Civil de Lima, respectivamente.
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Sin embargo, los magistrados del TC declararon improcedente la demanda debido a que Tula Benites ya había recurrido al Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima y el monto en disputa estaba sujeto a controversia, es decir, no estaba definido. El Departamento de Recursos Humanos del Congreso zanjó el tema y elaboró un informe en el que calculó que a la exparlamentaria se le debe desembolsar S/745.420.
El fallo del TC reconocía la competencia del Vigésimo Tercer Juzgado Civil para resolver el planteamiento de Tula Benites. No obstante, 6 años después de haberse interpuesto la demanda, el juzgado no emitió sentencia. Por ello, en 2021, la excongresista desistió de la demanda. El expediente sería archivado definitivamente en agosto de 2022.
Sin ningún recurso por resolver en el Poder Judicial y el monto ya definido, la Mesa Directiva, en la sesión de 16 de febrero de este año, autorizó a la Dirección General de Administración del Congreso a realizar “las acciones administrativas que correspondan a fin de ejecutar el pago de las remuneraciones devengadas a favor” de la excongresista aprista Tula Benites.
Tula Benites buscó anular suspensión
Tras ser desaforada, Tula Benites interpuso un habeas corpus para dejar sin efecto la decisión del Pleno de acusarla constitucionalmente. No obstante, el recurso no prosperó ni en primera ni segunda instancia. Ante ello, recurrió al Tribunal Constitucional.
En esta instancia el habeas corpus también fue desestimado. Por mayoría, los magistrados sostuvieron que carecía de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por haberse producido la sustracción de la materia.
