Cuando hacer política es delito

Hace unas semanas, la revista inglesa The Economist publicó un mapa en el que se representaban los índices de la democracia en el mundo y fue muy comentado en el Perú. Nuestro país ya no aparecía como una democracia sino como un régimen “híbrido”, entre autoritario y democrático. The Economist es la revista de referencia más importante para empresarios e inversionistas en el mundo y su línea dista mucho de ser de izquierda.

Unas semanas antes, las bandas históricas unidas de la ciudad de Juliaca, en Puno, llegaron a la misma conclusión y la plasmaron en la letra de una canción contra el Gobierno de Boluarte que pronto se convirtió en el himno todas las protestas en el país y cuya primera línea dice: “Esta democracia ya no es democracia”.

Juliaca, la ciudad más grande de la región Puno, fue también el centro de la peor masacre que el Gobierno de Boluarte ha perpetrado a la fecha contra los ciudadanos movilizados desde que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre. Allí, el 9 de enero, 18 civiles fueron ejecutados a disparos por la Policía (seis de ellos por la espalda), incluyendo tres menores de edad y un joven médico que asistía a heridos. Además, murió un policía. Al momento, van 48 civiles asesinados por las fuerzas del orden en este gobierno.

Aunque Boluarte sigue negando su responsabilidad en las masacres con argumentos tan absurdos como que los puneños se mataron entre ellos con armas caseras traídas de Bolivia —una que recoge de los medios afines al régimen— las necropsias confirman que la masacre de Juliaca sigue el mismo patrón de las masacres de Andahuaylas y Ayacucho, y que consiste no en disuadir la protesta sino disparar a matar, sin distinguir atacantes de manifestantes pacíficos, de transeúntes o de personal médico o niños. En Ayacucho, seis de las diez ejecuciones perpetradas por el Ejercito se dieron fuera del aeropuerto, cuando la protesta ya se había controlado allí sin necesidad de un solo muerto, como muestra un reportaje de IDL-Reporteros.

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Esto se suma a un patrón de discriminación racial y social en el blanco de los ataques. Solo una de las 48 ejecuciones ocurrió en Lima. Por otro lado, las víctimas de los abusos físicos y verbales son mayormente población de origen campesino e indígena del sur andino y de las provincias con los más altos índices de pobreza, que se han movilizado también en Lima, como reportó Amnesty International.

¿A qué obedece este ensañamiento? Aunque la coalición de gobierno y sus brazos mediáticos pretendan que creamos que están combatiendo el “terrorismo”, a una facción revivida de Sendero Luminoso, a Castillo en Barbadillo, o Evo Morales, se trata de algo mucho más temible para ellos: el derecho de cierto “tipo” de ciudadanos a expresarse políticamente, para lo cual parecen reservarse el “derecho de admisión”.

Para ellos, la democracia se “arruinó” cuando se hizo democrática, cuando se consiguió el voto universal en 1979. Desde entonces, el voto mayoritario les ha molestado y no han hecho sino intentar dar marcha atrás. Pero siguen diciendo que defienden la democracia.

Precisamente, lo que es histórico en estas movilizaciones es que las demandas de las marchas no provienen de un caudillo, de un partido, ni siquiera izquierda, porque en la practica estos han desaparecido o están desconectados de la sociedad movilizada. Los líderes son locales y representan diversos tipos de asociaciones y organizaciones: vecinales, barriales y en especial campesinas del sur andino, y no es casual que esta región tenga una presencia tan fuerte en las marchas de Lima.

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Puno destaca por sus históricas organizaciones comunales de bases campesinas. Pero, y no es casual, no solo Boluarte ha dicho “Puno no es el Perú”, sino que ha mandado al Ejército a ocupar la región cuando la gente aún procesaba su duelo. Pero la represión no solo toma la forma de balas sino de persecución judicial.

Se condena a una profesora que reunió menos de dos mis soles en una marcha en Lima mientras los congresistas gastan medio millón al mes en buffetes lujosos, la SUNAT exonera millonarias deudas a grandes empresas y la fiscal de la nación blinda a su hermana jueza de acusaciones de recibir coimas de narcotraficantes. Esa es la “política” que sí está permitida. La de la cutra, la del Estado como botín, la de las mafias del Congreso y sus “partidos”.

El miedo no es al terrorismo, nunca lo ha sido (se lo ha usado, sí). El miedo es a la democracia. El miedo es que a que las voces que hoy protestan en la calle a falta de otros espacios —y ahora hasta las calles se les pretende cerrar— puedan expresarse institucionalmente. Porque si eso sucede, los que hoy monopolizan la política perderán sus privilegios, que saben que no merecen.

Por eso también el miedo a una asamblea constituyente, que hasta el 69 % ve con simpatía, de acuerdo a algunas encuestas y que junto con las elecciones adelantadas y la renuncia de Boluarte son las principales agendas de las protestas.

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La democracia hoy está más amenazada que nunca porque un fallo reciente del TC acaba de anular la división de poderes, principio fundante de cualquier democracia, dando al Congreso el poder supremo ¡hasta de modificar la Constitución para permitirle hacerles juicio político a las autoridades electorales! Así, el TC le da un manto legal a la ultraderecha fraudista que nunca quiso reconocer el triunfo de Castillo y que ahora cogobierna, siguiendo un patrón histórico de traiciones antidemocráticas en nuestra historia.

Por eso, es probable que el próximo democratómetro de The Economist ya no nos considere un régimen híbrido sino solo autoritario. Los campesinos de Puno lo saben, los ciudadanos movilizados en todo el Perú lo saben. Más vale que el resto del país se ponga al tanto porque sino también podrán ser devorados por un autoritarismo dispuesto a horadar los derechos y libertad de todos y todas.