Soluciones de fondo, por Paula Távara

La complejidad del momento que vivimos en el país parece dejarnos más certezas amargas que caminos posibles por recorrer para empezar a construir una salida a esta crisis que nos ha arrebatado ya más de medio centenar de vidas.

Una de esas certezas pasa por reconocer que la crisis política no empezó en diciembre del 2022. Tampoco en 2016. El nudo gordiano de nuestra situación tiene un origen más complejo, incluso, que la fragilidad de nuestro sistema de partidos, la crisis de representación o el efecto de la corrupción en la política y la democracia institucional.

El fondo de este momento está sumamente envuelto en las distancias que separan la forma en que peruanos y peruanas vemos, vivimos y gozamos de la ciudadanía y del crecimiento económico (tantas veces mal llamado desarrollo) a lo largo del territorio. También en ese colorímetro que sigue haciendo que unos cuantos parezcan ser más ciudadanos que otros, que unas vidas valgan más que otras, y que haya quienes creen que el Perú es su casa y no nuestra casa.

El reclamo alzado en estos días, el de las nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta Boluarte, tiene entre sus causas de fondo la válida percepción de que este Gobierno, aunque legalmente constituido, profundiza la invisibilidad y el olvido en que un conjunto importante de la población vive en el país.

Cada vida arrebatada desde que inició este gobierno —y las vergonzantes formas de justificación que muchos actores de poder han hecho de ellas— confirma que estos ciudadanos y ciudadanas no tienen un lugar en ese supuesto régimen democrático.

En ese contexto, el mensaje a la nación de la presidenta y el premier tras las manifestaciones del 19E no fue un “llamado al buen diálogo”, sino que lanzó más leña al fuego y más desprecio al desprecio.

Con el respeto que la Policía pueda merecer, hablar de un comportamiento “inmaculado” en Lima, como lo hizo Boluarte, abre aún más la brecha con las regiones, recordando que en ellas el comportamiento no ha sido tal y que esto no ha inmutado a la clase política.

Por su parte, Otárola llamó a que “dejemos esta violencia”. Quizás lo mejor que podrían hacer, mientras sean representantes del Estado, es empezar dejando la violencia de la represión, pero también la del terruqueo. Y la del desprecio que ambas cosas muestran hacia un conjunto importante de nuestra población.

La actuación gubernamental de estas semanas ha deslegitimado ya su liderazgo y hace muy difíciles sus posibilidades de diálogo y solución del conflicto. Hoy en día, la mejor oportunidad que tienen de aportar a la solución es apurar el llamado a nuevas elecciones a través de una renuncia que obligue a apresurar los comicios. Del Congreso hace mucho que no esperamos nada.

No pretendamos creer que unas nuevas elecciones lo resolverán todo, ni que con ello el conflicto verá su fin, sobre todo porque iremos a esas nuevas elecciones con las mismas normas y los mismos actores. Sin embargo, los comicios podrían plantear un horizonte nuevo de alternativas y quizás actores más legitimados ante la ciudadanía para retomar un diálogo político y democrático más amplio y respetuoso. Y, sobre todo, salvaríamos vidas, lo cual tiene un valor incalculable.

Debemos tener claridad en que las salidas a la crisis no están solo en reformas institucionales o cambios formales de la representación. Las salidas de fondo pasan por dejar de invisibilizar a esas grandes mayorías del país y por construir alternativas en las que quepamos todos y todas.

Porque “ninguna sociedad puede sobrevivir vigorosa sin metas y esperanzas comunes” (Errejón, 2015), y un sistema político donde solo caben unos cuantos está condenado a erosionarse. Porque la democracia que se construye desde el aplastamiento del otro y no desde la orientación a la colectividad y al bien común no puede denominarse democracia.