Democratizar la ciudad, por Paula Távara

Lo de que con cada cambio de gestión gubernamental (nacional, regional o municipal) los nuevos gobernantes hagan borrón y cuenta nueva en las políticas públicas, sin importar calidad o logro de las mismas, es una tradición de la que Lima y sus distritos no han sido nunca la excepción.

Esta vez, sin embargo, llama particularmente la atención la inquina, velocidad y falta de criterio de las acciones de algunas nuevas autoridades distritales, dispuestas a instaurar una política de “tierra arrasada” y a recordarnos que, sin importar nada, siempre se puede retroceder más.

Así, en sus primeras horas de retorno a la alcaldía de Magdalena, Francis Allison retiró macetas y bolardos que demarcaban zonas peatonales alrededor del tradicional mercado del distrito. También desapareció las separaciones de diversas ciclovías. Según declaraciones oficiales de la municipalidad, esto se hizo “ante el clamor vecinal”, pero las críticas de diversos grupos no se han hecho esperar.

Similar es el caso del distrito de Lince, donde la alcaldesa Malca Schnaiderman decidió retirar las bancas, bolardos y macetas de las inmediaciones del mercado Lobatón con “el fin de reactivar la economía y bienestar de los vecinos”.

¿Qué vecinos se ven beneficiados con la eliminación de bancas públicas y vías peatonales? ¿Cómo es que retirar facilidades de acceso para los peatones reactiva la economía?

Quizás vale la pena preguntarse a qué vecinos creen responder estas gestiones municipales, si tenemos en consideración que las quejas frente a la peatonalización de diversos espacios se dieron por parte de quienes buscaban estacionamiento para sus vehículos particulares antes que de quienes se veían beneficiados por la creación de mayor espacio público y de su interacción con el comercio local.

Estas medidas nos llevarían por tanto a la privatización de la calle. Ahí donde se habían instalado mesas de comercios de comida de los mercados y bancas para el recreo de la ciudadanía volveremos a ver estacionamientos y vehículos particulares, generando contaminación y caos, expulsando del espacio colectivo a ciudadanos de sus distritos. Solo en Magdalena, 7.000 metros cuadrados de espacio peatonal alrededor del mercado serían desaparecidos.

Sumemos a esto los costos que implicaron para las arcas públicas (dinero de todos) la realización de estas obras, las mismas que, además, debieron ser sustentadas para su implementación. ¿Es posible que en apenas unas horas se hayan hecho las evaluaciones técnicas que justificasen su cancelación como beneficio colectivo? La respuesta es un claro no.

En una ciudad con un inmenso déficit de espacios públicos como es Lima, los metros cuadrados que este tipo de iniciativas municipales permiten ganar significa bienestar para amplios sectores de la ciudadanía, democratizando con ello la ciudad.

La pandemia de la COVID-19, además, dejó entre sus lecciones el valorar el espacio abierto por sobre el ocio a puertas cerradas, y generó una mayor oferta de actividades al aire libre, que resultaban más seguras para la salud y permitían muchas veces, gracias a su costo cero para el público, democratizar también el acceso al ocio y la cultura.

Se equivocan alcalde y alcaldesa si creen que es su deber dar “comodidad” a unos pocos en desmedro de grandes mayorías. Olvidan (o ignoran voluntariamente) que los espacios públicos permiten su gozo mayoritario y por tanto responden de mejor manera a su deber de atender a las necesidades de todos los vecinos y vecinas.

Hoy que hablamos tanto de democracia, toca hacer hincapié en que esta no se queda en la formalidad de la elección de las autoridades municipales, sino que es un deber de estas democratizar sus distritos, facilitando el acceso de ciudadanos a ciudadanas a sus servicios y espacios públicos, no limitándolos.