¿De qué paz hablan?
“Aún está a tiempo de no tomar el camino de Nayib Bukele en El Salvador, quien ha militarizado el país, violado la Constitución y recurrido a la represión...”.
El 31 de diciembre del 2022 y el 1 de enero del 2023, la cuenta oficial de la Policía Nacional del Perú publicó varios mensajes en medios sociales invitando a la población a participar en una “gran marcha por la paz” el 3 de enero.
En un mensaje, una joven mujer vestida de uniforme policial invita a la población a participar en la marcha. En otro, el jefe del Dircote, general PNP Óscar Arriola, recién nombrado jefe de la Dirincri, invoca a los y las ciudadanos a que acudan a la movilización.
En sociedades democráticas, la Policía y las Fuerzas Armadas son instituciones no deliberantes. Además, la Constitución del Perú prohíbe expresamente que funcionarios de estas instituciones participen en manifestaciones. Ante las críticas, se borraron los mensajes.
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La “gran marcha por la paz” no fue un simple despropósito de la Policía. Como antecedente está el operativo del 17 de diciembre, cuando las fuerzas del orden retiraron de la plaza San Martín a los manifestantes que pedían adelanto de elecciones, y permitieron el ingreso de una “marcha por la paz” liderada por el exministro del Interior de Merino durante el 14N Gastón Rodríguez.
Dina Boluarte hizo referencia a una marcha por la paz durante una conferencia de prensa en Cusco, un día antes de la publicación de los tuits de la PNP: “Así como hay personas que están diciendo que van a marchar el 4 de enero, también hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú”.
Al no tener apoyo propio, Boluarte está gobernando con los grupos de derecha que dominan el Congreso —incluso quienes acusaron al Gobierno del cual era parte hasta hace poco de ser fraudulento— y los poderes fácticos.
La “gran marcha por la paz” es una maniobra más del oficialismo para seguir alentando la idea de que las protestas sociales que irrumpieron desde el inicio de su gobierno, y que tienen previsto volverse a retomar el 4 de enero, son obra de grupos violentos. Boluarte lo ha dicho varias veces. Lo han dicho sus ministros. Lo ha dicho el comandante en jefe de las FF. AA., varios congresistas y los grandes medios de comunicación.
Es parte de un esfuerzo de descalificar las manifestaciones, como fue también el allanamiento de los locales de organizaciones sociales y políticas legítimas, para acusarlos, sin prueba, de acciones violentas, operativo a cargo del general Arriola que resultó en nada, ya que su único fin era amedrentar.
Terruquear a los manifestantes, restarles legitimidad, tildarlos de violentos: así se busca justificar la represión, incluso la muerte. ¿Así quiere ser recordada, presidenta Dina Boluarte?
Aún está a tiempo de no tomar el camino de Nayib Bukele en El Salvador, quien ha militarizado el país, violado la Constitución y recurrido a la represión para acallar a sus detractores. Es tiempo de hacerse la pregunta una vez más: ¿Así quiere ser recordada la presidenta Dina Boluarte?