Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La independencia también se financia, por Ricardo Trotti

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho de los medios a una 'remuneración equitativa' por el uso de su contenido, lo que podría cambiar la dinámica de negociación con grandes plataformas.

La independencia también se financia, por Ricardo Trotti hnews

La República

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Desde que Seymour Martin Lipset formuló en 1959 su hipótesis sobre las condiciones sociales de la democracia, la investigación comparada ha acumulado evidencia en la misma dirección: la democracia es más resistente donde la educación ha alcanzado niveles altos de desarrollo. No se trata de una correlación superficial. Edward Glaeser y sus colaboradores demostraron, con metodología econométrica rigurosa y datos de largo plazo, que el capital humano —la educación, las habilidades cognitivas, la capacidad lectora— es una fuente de crecimiento más importante que las propias instituciones políticas: los países no prosperan porque tienen buenas instituciones, sino que construyen buenas instituciones porque primero acumularon capital humano (&#039;Do Institutions Cause Growth?&#039;, Journal of Economic Growth, 2004). En un estudio de 2007, Glaeser amplió sus conclusiones: la escolarización eleva los beneficios de la participación cívica y sostiene regímenes de base amplia frente al autoritarismo; la educación no es consecuencia de la democracia sino su condición de posibilidad (&#039;Why Does Democracy Need Education?&#039;, Journal of Economic Growth, 2007). El indicador de estabilidad democrática más seguro no es el PBI, sino la inversión sostenida en educación, en investigación y en universidades capaces de formar ciudadanos con criterio crítico y capacidad de exigir rendición de cuentas.

En medio de la crisis que atraviesa el sistema democrático, vale la pena preguntarse: ¿por qué insistimos en un modelo en el que la educación es una mercancía, con estándares de calidad para quienes pueden pagarla y en estado deplorable para los más pobres? ¿Acaso no estamos ampliando las brechas de desigualdad que separan, desde temprana edad, a quienes dominan el inglés y tienen acceso a mejores fuentes de información de quienes no pueden acceder a ninguna de las dos? Incluso cuando el Estado invierte en los escasos sistemas de becas implementados desde el gobierno de Humala, lo hace para financiar universidades privadas de dudoso prestigio antes que fortalecer universidades públicas que podrían multiplicar su oferta a nivel nacional. El Estado subsidia al mercado educativo en lugar de invertir en la universidad nacional. No es una anomalía administrativa: es la expresión más nítida de la ausencia de una política pública que apueste por la universidad pública como estrategia de desarrollo humano y social.

La única política que ha avanzado en los últimos años ha sido la eliminación de las llamadas &#039;trabas burocráticas&#039;, que en muchos casos constituyen los escasos estándares de control de calidad disponibles, como lo muestra el fracaso de la Sunedu. La universidad, convertida en centro de atracción para la inversión privada, ha generado redes de poder para controlar esos intereses. En torno a ella se han organizado no solo empresas y cadenas de servicios, sino también organizaciones políticas que buscan influir en los espacios donde se decide su vida institucional. Esta es la explicación del fracaso de la Sunedu, hoy controlada por las propias universidades privadas. Antes que la universidad logre impactar en las políticas públicas, la política, en su peor expresión, ha penetrado en su estructura vital.

El abandono de la universidad pública tiene su explicación en la promoción sin límites de la inversión privada en educación superior. Los datos son elocuentes: el gasto educativo peruano representa el 3,97% del PBI, por debajo del promedio mundial (4,18%) y muy lejos de Finlandia (5,69%), Costa Rica (6,28%) o el Reino Unido (5,33%). El mandato legal del 6% establecido por la Ley General de Educación lleva años incumplido. Más grave aún: el sector devuelve al Tesoro entre el 8% y el 12% de su presupuesto cada año, lo que revela que el problema no es solo de recursos sino de capacidad institucional. Mientras tanto, en Alemania estudiar cuesta al estudiante universitario 50 euros por semestre; en Francia, 189 euros anuales; en Noruega, 22 euros semestrales. En Perú, la pensión mínima en una universidad privada de calidad supera los S/1.500 mensuales. Una familia de ingresos medios puede destinar entre el 40% y el 100% de su ingreso a los estudios de un hijo. El resultado lo certifica la OCDE: el 49% de los peruanos entre 25 y 34 años no completó la educación secundaria superior, frente al 13% en el promedio de sus países miembros.

En los últimos días se movilizaron los estudiantes de las dos universidades más importantes del país. En San Marcos exigían respeto a la autonomía universitaria frente a un proyecto de ley que pretendía imponer la reelección de su rectora; en la PUCP protestaban porque las autoridades aprobaron una nueva escala de pensiones que duplicaba el costo para los estudiantes de menor ingreso. Aparentemente, dos plataformas sin conexión. Sin embargo, ambas tienen en común que son estudiantes que se enfrentan a autoridades sin horizonte claro para la universidad. En las privadas, la política universitaria la impone el mercado: cuando los estudiantes no financian los costos, las áreas financieras recortan las escalas más bajas. En la pública, la asfixia presupuestal somete a las autoridades a lo que la política de turno dictamine, con los riesgos que ello supone para la autonomía universitaria, como lo ha evidenciado la gestión reciente en San Marcos.

En las próximas semanas elegiremos a un nuevo gobierno para el país. La universidad pública debería estar en la agenda de las prioridades: no solo para reconstruir las instituciones democráticas y refundar la república, sino porque, como advierten Lipset y Glaeser, sin inversión sostenida en educación, la tentación autoritaria seguirá atravesándose en los caminos del país. Sin universidad pública fuerte, seguiremos padeciendo estos tiempos de mediocridad y de poderes despóticos en todos los espacios, incluida la propia universidad.

Educación y Democracia

La universidad y la crisis de la democracia

Shadia Valdez Tejada - Viceministra de Justicia

En el imaginario colectivo de nuestra sociedad, muchas veces se piensa que los establecimientos penitenciarios son espacios de castigo, idea que suele imponerse sobre cualquier otra reflexión. No obstante, pocas veces nos preguntamos: ¿qué pasa después de culminada la condena? Dado que la mayoría de las personas privadas de libertad debe volver a la sociedad, surge una pregunta inevitable: ¿cómo nos gustaría que regresen? Claramente, la idea no es que vuelvan del encierro para cometer nuevos delitos.

En ese sentido, no basta con encerrar personas con la pena máxima y esperar a que regeneren su vida y comportamiento, sino que debemos empezar a hablar de resocialización. Es importante señalar que hablar de resocialización no significa minimizar ni perdonar el daño causado por el delito; al contrario, significa entender que una sociedad más segura también se construye evitando que una persona vuelva a delinquir. Para ello, el trabajo, la capacitación y la apertura de oportunidades cumplen un rol fundamental.

Ese es justamente el propósito del programa de Cárceles Productivas, una intervención del Instituto Nacional Penitenciario que transforma el tiempo de reclusión en una oportunidad para aprender un oficio, desarrollar disciplina y construir herramientas reales para volver a empezar. Detrás de cada producto elaborado dentro de un establecimiento penitenciario hay mucho más que una pieza artesanal o un emprendimiento. Hay historias de personas que decidieron utilizar ese tiempo para reconstruirse, a pesar de las condiciones de violencia y exclusión que muchas veces suelen atravesar. Son personas que aprendieron carpintería, costura, tejido, panadería, metalmecánica y muchos otros oficios que hoy les permiten sostener una actividad económica lícita y productiva. Y lo más importante es que muchos de esos artículos no tienen nada que envidiar a los del mercado tradicional, dado que son de gran calidad, con identidad propia, marcas registradas y una dedicación que muchas veces sorprende a quienes los conocen por primera vez.

Personalmente, he podido recorrer ferias y espacios donde mujeres y hombres, antes privados de libertad, sostienen emprendimientos gracias a lo aprendido en un penal. Algunos venden fuera del país y otros incluyen a sus familias, que comercializan sus productos mientras ellos cumplen su condena. Allí también ocurre la reinserción: en el vínculo que se reconstruye y en la confianza que vuelve a familias que se ven afectadas cuando un familiar comete un delito. Pero el mayor reto está fuera de esa burbuja: vencer el prejuicio y abrir oportunidades reales. Porque el trabajo devuelve dignidad, propósito y responsabilidad, y una segunda oportunidad puede hacer posible un futuro distinto.

Es importante creer en un país donde las segundas oportunidades sean posibles; un país donde corregir un error signifique más que cumplir una condena, y donde también implique retomar vínculos sociales, construir identidad y ser ciudadanos capaces de aportar a un futuro mejor para su entorno. Por ello, considero importante invitarlos a visitar la tienda de Cárceles Productivas, ubicada en el jirón Ica 197 - Cercado de Lima, donde podrán acercarse a las historias de hombres y mujeres que buscan ganarse esa segunda oportunidad a través del esfuerzo y la esperanza en un futuro mejor.

Cárceles productivas y una segunda oportunidad

Cárceles Productivas: Una segunda oportunidad para reconstruir el futuro

Patricia Hoyos Salazar - Periodista - Especialista en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad

Las recientes elecciones en el Perú no solo dejaron un país fragmentado políticamente. También volvieron a mostrar una peligrosa normalización de algo que viene creciendo silenciosamente desde hace años: la manipulación digital como herramienta de poder y su financiación oculta. Terminada la jornada electoral, el ruido empezó antes que los resultados oficiales.

Denuncias sin pruebas, acusaciones de fraude, dinero a cambio de información, ataques a organismos electorales y llamados a desconocer los resultados comenzaron a circular con rapidez en redes sociales y plataformas digitales. Otra vez. Como si el país estuviera condenado a repetir el mismo libreto electoral.

Y quizás ese es el verdadero problema: que ya nos parece normal.

La democracia no se debilita únicamente cuando se roba dinero público o se negocian favores bajo la mesa. También se erosiona cuando se destruye deliberadamente la confianza ciudadana en las instituciones. Ahí aparece lo que podría llamarse una &#039;corrupción digital&#039;: una forma menos tangible, pero igual de peligrosa, de manipular el sistema democrático.

La corrupción digital no deja necesariamente contratos irregulares ni cuentas bancarias sospechosas. Deja algo más difícil de medir: desinformación, miedo, polarización y ciudadanos incapaces de distinguir entre hechos y propaganda. Opera desde redes sociales, campañas coordinadas, cuentas anónimas y discursos políticos que buscan desacreditar cualquier resultado que no les favorezca.

En el contexto electoral peruano, esta dinámica se ha vuelto especialmente preocupante. Algunos candidatos parecen haber entendido que desconocer resultados puede ser políticamente rentable. Instalar sospechas sin pruebas, hablar de fraude antes de que termine el conteo o convertir a las autoridades electorales en enemigos públicos ya no provoca el rechazo que debería suscitar en cualquier democracia sana.

Por el contrario, muchas veces genera aplausos, viralización y seguidores. Las redes sociales han cambiado las reglas de la política. Hoy una mentira emocional puede circular más rápido que una explicación técnica de la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Y mientras las instituciones intentan comunicar con formalidad, los algoritmos premian el escándalo, la indignación y el miedo.

No es casualidad que durante esta campaña electoral hayan proliferado videos manipulados, titulares engañosos y contenidos diseñados para alimentar la confrontación. La desinformación ya no es un fenómeno marginal; forma parte del ecosistema político contemporáneo.

Lo más grave es que muchas de estas narrativas no buscan necesariamente demostrar algo, sino sembrar dudas permanentes. Porque cuando un sector de la población deja de confiar en las elecciones, en los medios y en las instituciones, la democracia entra en una crisis mucho más profunda que cualquier resultado electoral. Y, en medio de ese escenario, las amenazas y ataques contra autoridades electorales, periodistas y actores públicos se han vuelto cada vez más frecuentes. El problema es que gran parte de esta violencia digital ocurre prácticamente sin consecuencias. La impunidad también se ha digitalizado.

Durante años, el Perú discutió la corrupción casi exclusivamente en términos económicos: sobornos, licitaciones, lavado de activos. Pero quizás ha llegado el momento de entender que también existe una corrupción que opera sobre la verdad, que manipula emociones, distorsiona hechos y convierte la mentira en estrategia política. Porque cuando la política deja de competir con propuestas y empieza a competir con teorías conspirativas, el daño no termina el día de las elecciones. El daño permanece en una sociedad cansada, polarizada y cada vez más desconfiada de todo lo que la rodea.

Corrupción digital en época electoral en el Perú

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Estamos a un mes de las elecciones del 12 de abril y no tenemos resultados oficiales definitivos. Aunque la batalla por el segundo lugar parecía escalar, a la fecha, la mayoría de los líderes de las agrupaciones políticas que participaron en el proceso electoral ha aceptado los resultados y también ha reconocido que, pese a las graves deficiencias logísticas presentadas, sobre todo en Lima, no se ha podido establecer ningún indicio de fraude o manipulación de los resultados. Esta es también la conclusión de los observadores internacionales.

Pero el problema de la primera vuelta no han sido solo las graves deficiencias logísticas. En palabras del entonces jefe de la ONPE, esas inexplicables fallas podrían también ser indicios de un boicot por parte de quienes, conscientes de su fracaso en primera vuelta, habrían intentado sembrar el caos y la anarquía en un intento por manchar todo el proceso. Esa inquietante hipótesis no debería descartarse en las investigaciones que deben seguir su curso sin alterar el calendario electoral.

Mientras tanto, quienes pasan a la segunda vuelta lo hacen con tan poco respaldo del electorado que resulta legítimo preguntarse por los auténticos vencedores de la primera vuelta. Según el conteo de votos de la ONPE al 95%, estas son las cifras (al 10/05): Keiko Fujimori (FP), total de votos: 2.865.480 (10,48% del padrón); Roberto Sánchez (JP), total de votos: 2.001.640 (7,32% del padrón); Rafael López Aliaga (RP), total de votos: 1.988.094 (7,27% del padrón). Es decir, incluso sumando los votos de las dos opciones que competirán por la presidencia, no alcanzan el 20% del electorado habilitado para votar. Pero esta realidad, que desnuda la legitimidad de cualquier sistema democrático, parece no preocupar a los candidatos que, sin esperar el anuncio oficial, han levantado el banderín del segundo tramo de la campaña.

Soberbia e intransigencia: maximalismos sin sustento

La falta de conciencia sobre la precariedad del respaldo popular se hace notar en ambas propuestas. Antes que intentar acercarse a escuchar con honestidad y humildad lo que piensa ese 80% de la ciudadanía a la que no han podido persuadir, los discursos insisten en lo mismo e incluso se radicalizan. Como si las elecciones fueran un ring en el que el electorado solo contara como espectador, el equipo de Juntos por el Perú ha convocado al exfiscal Domingo Pérez como parte de su equipo para un eventual gobierno. Mientras tanto, Fuerza Popular no se ha quedado atrás. La semana pasada, por ejemplo, dio una nueva muestra de que lo suyo es la venganza y la persecución sin tregua a quienes consideran &#039;enemigos políticos&#039;. Esta vez, la furia del Congreso, presidido por el congresista Rospigliosi, ha inhabilitado por 10 años a la exfiscal Delia Espinoza en un claro acto de venganza por la sentencia por delito de difamación que ella había logrado en el Poder Judicial. En paralelo, el mismo congresista Rospigliosi ha insistido en su &#039;propuesta&#039; de &#039;arrasar&#039; con jueces y fiscales &#039;comunistas y caviares&#039;. Esa amenaza, lamentablemente, parece que la han empezado a cumplir a través de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con la separación de su cargo del juez superior Ordóñez, presidente de una sala constitucional de Lima. El juez Ordóñez había concurrido a la sede de la Comisión Interamericana en Washington para denunciar las amenazas y atropellos a la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público. Esa denuncia ha sido &#039;interpretada&#039; en el proceso de su ratificación como una falta a su deber de magistrado y la JNJ, hoy claramente controlada desde el Congreso, ha ejecutado la represalia. Es una clara advertencia a todo el sistema judicial y fiscal.

Pero Juntos por el Perú no ha sido ajeno a esta misma fórmula de confrontación belicosa y, como si los votos alcanzaran para tanto, insiste con una asamblea constituyente que genera una razonable incertidumbre, pues no está claro hacia dónde pretenden conducirla. Otra de sus propuestas es igual de radical y sin fundamento: han sostenido que seguirán el ejemplo de México para establecer la elección popular de los jueces. En un país con preocupantes indicios de penetración del crimen organizado y el narcotráfico en instituciones clave del Estado, esta propuesta no es solo riesgosa, es absolutamente irresponsable y tiene la misma virulencia que las ideas del fujimorismo de &#039;arrasar&#039; con jueces y fiscales. No es que el debate constitucional sea ilegítimo —en un país con tanta desigualdad estructural, sería absurdo descartarlo—. Lo que resulta inaceptable es la intransigencia con que se formula: como si la historia tuviera un único sentido posible y quienes no lo comparten fueran, simplemente, obstáculos.

Ambas posiciones comparten, en el fondo, la misma obstinación por la confrontación y la reticencia al diálogo: la convicción de que el mandato que recibieron —fragmentario, minoritario, disputado— les autoriza a actuar como si representaran a la totalidad de los electores. El maximalismo de sus propuestas y la intransigencia con que las promueven, pese a que son conscientes de que los votos no los respaldan, solo dan cuenta de su precaria convicción democrática.

Y dónde está la mayoría

La ciudadanía se ha pronunciado con mucha claridad en la primera vuelta. Su voto ha sido distante de ambas fuerzas que ahora disputan la segunda vuelta. Esas minorías dispersas conforman la gran mayoría y tienen derecho a que se respeten sus puntos de vista y, desde luego, sus legítimos temores. Hay un centro razonable que tiene que hacer sentir su voz en esta segunda vuelta. No pienso en una nueva &#039;hoja de ruta&#039;, pero sí en un pacto por la democracia y sus instituciones. La ciudadanía no debería volver a las urnas en junio sin antes tener la seguridad de que su protesta va a ser escuchada y sus temores serán disipados. La soberbia, el autoritarismo y la venganza han sido ampliamente rechazados en primera vuelta. La democracia exige diálogo: ninguna facción tiene derecho a imponer el 100% de su programa maximalista cuando el 80% lo ha rechazado de forma contundente.

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