Desconexión, por Paula Távara

Creo que pocas veces tanto como ahora los representantes políticos, del ejecutivo y el legislativo, por especificar, habían sostenido agendas públicas y de actuación tan distantes con las necesidades o preocupaciones de la ciudadanía, como en estos tiempos. Con una quinta ola COVID iniciando en el país, un cada vez mayor incremento de los precios de los alimentos, derrames de petróleo en la Amazonía y ni un kilo de urea entregado a los agricultores, se esperaría que la agenda del gobierno y la representación parlamentaria pudiese orientarse a solventar las cada vez mayores carencias de la población.

En el caso del gobierno central preocupa particularmente que los titulares de las carteras vinculadas a estas situaciones –y a otra larga lista que acontece en nuestro territorio– parezcan estar ausentes de la formulación de políticas al respecto, más centrados en el debate con la oposición que en cumplir con las funciones que corresponden al ejecutivo.

Que tengamos un Premier que prefiere dedicar minutos de sus intervenciones a ejercer la violencia machista contra una periodista de oposición o a dar versiones tergiversadas sobre la retención de viajeros en la Amazonía por la inacción del Estado antes que explicar cómo se resolverán los problemas de la economía diaria de la población es una triste muestra de la calidad de nuestra gestión pública.

Lo mismo ocurre en materia parlamentaria. Que la única agenda que conocemos del Congreso esté centrada en las labores de “control político” (aunque podríamos cuestionar si lo que se hace realmente califica como control) y no en lo que podríamos denominar “control de las políticas”, es más que probablemente una de las principales razones del desapego que la ciudadanía siente por sus representantes.

Esto se hace evidente en los Proyectos de Ley que vemos aparecer, los debates de las comisiones sobre temas estériles y la calidad y temas de las declaraciones de los y las congresistas, centrados en los ataques e insultos al gobierno antes que en cuestionar qué se está haciendo con respecto a los problemas antes mencionados o preguntarse qué podría hacerse desde el legislativo.

Si al menos la confrontación fuese argumental y programática, esta podría tener alguna repercusión en la ciudadanía; pero no es así.

No hay aquí una pretensión de cerrar los ojos frente a una confrontación y crisis política real; una que además es mucho más grande que la sola coyuntura. La crítica situación de nuestra política requiere salidas serias que nos permitan reconstruir las instituciones y nuestra democracia desde la comprensión de sus complejidades.

Pero es que resulta que no puede elegirse una u otra batalla, y los políticos de nuestro país no parecen querer darse cuenta.

Los problemas públicos no pueden esperar a la resolución de quién tiene la razón o al logro de objetivos vinculados al mantenimiento político, porque la vida y la supervivencia diaria de la ciudadanía es eso que transcurre mientras se juntan firmas para una vacancia o se tramitan cuestiones de confianza. Y porque para seguir atendiendo ello existen equipos técnicos al interior del ejecutivo que debiesen garantizar el desempeño de la gestión y asesores parlamentarios y de comisiones que sostengan la labor legislativa.

Si los actores políticos de este tablero siguen eligiendo la confrontación por sobre el gobernar o legislar, y las acciones de supervivencia política por sobre las de gestión y gobierno, la desconexión entre ellos y la ciudadanía no hará sino ahondarse más y más, y peruanas y peruanos seguirán percibiendo que la política y la democracia “no les sirven”, buscando salidas individuales a los problemas. Después, no nos preguntemos por qué el Perú “no reacciona”, cuando las conexiones llevan tiempo rotas.