¿Que se vayan todos?

Según la reciente encuesta de Ipsos Perú, 74% de peruanos quisiera que si el presidente y la vicepresidenta renuncian o son vacados, se convoque a elecciones para presidente, vicepresidentes y congresistas. Es decir, que haya nuevas autoridades en el gobierno y en el Congreso.

La Constitución no aclara plenamente el panorama. El artículo 115 establece la sucesión ante el impedimento de quienes ejercen la presidencia y vicepresidencias. Asume el o la presidente/a del Congreso que “convoca de inmediato a elecciones”. Sin embargo, no precisa de qué tipo de elecciones se trata, es decir, si debe volver a elegirse solo a quienes integran el Poder Ejecutivo o también el Parlamento. Como ha pasado con varios otros temas, hay opiniones divergentes. Me inclino por pensar que se debe entender que se trata de elecciones generales (para Poder Ejecutivo y Legislativo), para así garantizar la simultaneidad entre los periodos de ambas autoridades, principio básico de las reglas electorales actualmente vigentes, con impacto en el sistema de gobierno regulado en la Constitución (presidencial con elementos parlamentarios). Aunque similar, no es lo mismo que lo ocurrido en el gobierno del expresidente Valentín Paniagua, ya que en ese caso las elecciones habían sido previamente convocadas por el anterior gobernante y ello respondió a una reforma constitucional específica para tener elecciones adelantadas (por ley n.º 27365, de noviembre de 2020).

Ahora bien, incluso al margen de la norma constitucional, el problema es de legitimidad (en su acepción de aceptación). ¿Ese 74% aceptaría una vacancia con una interpretación extensiva de la “incapacidad moral permanente”? ¿Y estaría conforme con que alguien que hubiera promovido esta salida del presidente y la vicepresidenta luego pretenda asumir el gobierno y que conjuntamente con el Congreso busquen seguir en funciones hasta 2026? La respuesta no parece ser muy difícil, especialmente cuando la mayor parte de la población constata que se trata casi de las mismas personas que invocaron un fraude inexistente para cuestionar los resultados de la elección, dificultaron la transición y vienen promoviendo el discurso de la salida del presidente incluso desde antes de que asuma funciones.

Lo que debe quedar claro es que la crisis política no se va a solucionar con la salida de unos u otros de sus cargos, sino que es mucho más estructural y requiere respuestas mucho más complejas que el “que se vayan todos”. De plano, habría que retomar debates más integrales y participativos para reformar la Constitución, buscando contrapesos y equilibrios entre los poderes, y no solo favorecer a un lado de la balanza, lo que parece haber ocurrido al buscar limitar la cuestión de confianza facultativa (que se presenta a voluntad del gobierno), ampliar las causas para acusar a un presidente en funciones o eliminar la cuestión de confianza obligatoria (cuando concurre el gabinete a presentar la política de gobierno), sin, por otro lado, discutir el propio alcance de la vacancia presidencial, la censura u otras instituciones de interrelación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. También pensar en reformas de las reglas electorales, para mayor y mejor representación, con el objetivo de tener mayor idoneidad en quienes ejercen cargos públicos. Y, sobre todo, se hace necesario entender que la Constitución y las leyes pueden generar incentivos, pero lo central es un cambio de la propia estructura social, para recomponer no solo a los partidos, sino a las organizaciones civiles y la propia noción de ciudadanía, a fin de que podamos ser verdaderos actores en los grandes debates que el país necesita. Tal vez lo que hace falta, como bien decía Maritza Paredes hace algunos días, no es que se vayan todos, sino que entremos todos al debate.