
El tribunal argentino exigió este martes a Cristina Kirchner y otros condenados por corrupción a pagar, en conjunto, una suma de equivalente a 535 millones de dólares, tras un fallo difundido por la prensa local. La expresidenta Kirchner, quien ahora cumple su condena en prisión domiciliaria, fue sentenciada en junio a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por la administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su mandato.
Los peritos oficiales, tras un análisis sobre el "daño producido al erario público", determinaron que Cristina Kirchner y los demás condenados deberán completar dicha cifra, aunque hasta el momento la resolución no especifica cuánto deberá abonar cada uno. Además, el fallo señala que la suma deberá ser depositada a cuenta y orden del Tribunal en un plazo de diez días hábiles, plazo que se extiende hasta el 13 de agosto por receso del poder judicial. Si se incumple, la justicia incautará dinero y rematará propiedades embargadas a los condenados.
Los fiscales del caso Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, presentaron ante el tribunal un listado con los bienes embargados de Cristina Kirchner, sus hijos, Lázaro Báez y los otros siete condenados. Dichos activos formarán parte del legajo patrimonial que se habilitará para ejecutar la sentencia económica impuesta este martes.
En 2023, la exmandataria declaro ante la Oficina Anticorrupción que poseía un patrimonio de casi 250 millones de pesos, equivalentes a unos US$195.000 al tipo de cambio en ese momento. Sin embargo, según informes de la prensa local, también poseía varias propiedades inmobiliarias que cedió a sus hijos hace algunos años. No obstante, Kirchner no informó ningún inmueble propio.
Además de la expresidenta, también fueron condenados el empresario Lázaro Báez y los exintegrantes del aparato estatal José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. Todos recibieron penas que oscilan entre tres años y medio y seis años de prisión.
Los condenados habían presentado previamente un cálculo propio, en el que estimaban que el monto a devolver al Estado no superaba los 33 millones de dólares. Sin embargo, esa estimación fue rechazada por el tribunal, que respaldó el peritaje oficial. Se espera que tanto Cristina Kirchner como los demás implicados presenten apelaciones en los próximos días.

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