
Todos los países de la esfera global destinan un porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI) al gasto militar. No es necesario que las naciones estén enfrentadas entre sí para armar a sus oficiales: la defensa del territorio propio en las fronteras y la lucha contra los grupos armados son ejemplificaciones de la desconfianza del humano a ese 'otro' asechador. A falta de consensos, muchas veces las naciones luchan a balazos y tanquetazos, e innovan nuevas formas de liquidar a sus semejantes.
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En Latinoamérica, los regímenes dictatoriales y el crimen organizado han persistido en el tiempo, como si fuese una endemia. Los núcleos de poder, enclaves aislados de la regional pobreza monetaria, movilizan intenciones y se mantienen en la hegemonía.
Un estudio del 2022 realizado por el Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) ubicó a Colombia como el país que más redirige PBI en armas y balas, con un 3,40%. El medio de análisis internacional El Orden Mundial (EOM) explicó que la decisión se debe a las décadas de guerra entre el Estado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El actual presidente, Gustavo Petro, llegó al máximo cargo con una bandera flameante: la reconciliación. Descontenta con el primer gobierno de izquierda reformista de su historia, la derecha intenta destituirlo empapelándolo a menos de 1 año de haberse puesto el fajín.
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El segundo en el podio es Ecuador, con 2,46% de su PBI para las Fuerzas Armadas. Le siguen Uruguay (2,26%) y Chile (1,96%). Este último caso es contradictorio. El presidente constitucional, Gabriel Boric, fue elegido, en gran medida, por su participación en el estallido social de 2019 que aclamó una nueva constitución. En aquellos meses de protestas, murieron 30 personas y otras 460 quedaron con lesiones oculares. El entonces dirigente rechazaba los disparos de los Carabineros, como se le conoce a la policía chilena. Una vez jefe de Estado, el aparente progresista aprobó una ley para militalizar el norte, donde vive la población indígena, e instaurar un estado de excepción, limitantes de los derechos fundamentales.
Mapa del gasto militar en la región. Foto: El Orden Mundial





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