
Bolivia recuperó la normalidad en sus vías después de más de 50 días de bloqueos que paralizaron las principales carreteras, provocaron desabastecimiento y dejaron millonarias pérdidas económicas. La Administradora Boliviana de Carreteras informó que la red vial fundamental se encuentra nuevamente transitable en todo el país.
El presidente Rodrigo Paz aseguró que los bloqueos fueron “derrotados”, aunque confirmó que el estado de excepción continuará vigente. Según explicó, la medida permitirá reorganizar el país y evitar que se repitan protestas capaces de interrumpir el transporte de alimentos, combustibles y medicinas.
La liberación de las rutas se produjo después de que la Central Obrera Boliviana alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo. Posteriormente, los sectores campesinos e indígenas redujeron sus medidas de presión, mientras que los cocaleros afines al expresidente Evo Morales, último grupo que mantenía cortes en Cochabamba, declararon un cuarto intermedio.
Los operativos policiales y militares se desarrollaron mayormente sin enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo señaló que los manifestantes se habían replegado antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y que la mayoría de las intervenciones consistió en retirar piedras, tierra y otros materiales colocados sobre las vías.
La crisis dejó al menos 14 fallecidos, según el balance de la Defensoría, además de graves perjuicios para los sectores productivos. Las ciudades también enfrentaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. En La Paz, algunos productos llegaron a cuadruplicar su precio habitual y las filas en las estaciones de servicio continuaron tras la reapertura de las carreteras.
El Gobierno atribuyó la demora en la distribución de gasolina y diésel a las cisternas que permanecieron varadas durante los bloqueos. Antes de descargar el combustible, los vehículos deben pasar controles de calidad para evitar nuevos daños, como los registrados por la comercialización de gasolina defectuosa.
Como parte del acuerdo con los sindicatos, el Ejecutivo se comprometió a compensar a los propietarios de vehículos afectados, impedir la privatización de empresas estatales estratégicas, proteger los precios de la canasta familiar y consultar a las organizaciones sociales antes de impulsar reformas estructurales.
Paz también solicitó a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar contra quienes ocasionaron daños durante las protestas. Aunque no identificó directamente a los responsables, integrantes de su Gobierno señalaron a Evo Morales como uno de los principales articuladores políticos de las movilizaciones.
En una entrevista reciente con la agencia de noticias AFP, el líder de izquierda advirtió que el Gobierno boliviano está “forzando una guerra civil”, además, aseguró que no se rendirá ante la amenaza de la administración de intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba, para capturarlo.





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