
Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años a partir de 2027, según anunció el primer ministro Keir Starmer. El líder laborista afirmó que la iniciativa busca reducir la exposición de niños y adolescentes al acoso escolar, los abusos en línea y los contactos con desconocidos en internet. El gobierno espera aprobar la normativa antes de Navidad para que entre en vigor durante la primavera del próximo año.
“Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, declaró Starmer durante una conferencia de prensa. El mandatario defendió la decisión como “un paso importante” y sostuvo que muchos padres recibirán con satisfacción una intervención más firme del Estado con el fin de proteger a sus hijos frente a los riesgos digitales.
Starmer aseguró que la legislación permitirá actuar con rapidez gracias a facultades ya aprobadas por el Parlamento. También descartó sanciones a quienes vayan a esquivar las restricciones. “No vamos a empezar a tomar medidas contra jóvenes de 13, 14 o 15 años que intentan saltarse las normas”, aseveró.
La propuesta no se limita a las plataformas sociales. El primer ministro adelantó que Reino Unido adoptará medidas “pioneras a nivel mundial” que permitan supervisar servicios de videojuegos y plataformas de streaming en directo, donde personas desconocidas pueden contactar a menores sin supervisión.
Starmer reconoció que algunas empresas tecnológicas rechazarán la medida, pero manifestó que el argumento de que ciertos adolescentes encontrarán formas de evitar los controles no invalida la norma. Comparó la situación con las limitaciones sobre la venta de alcohol y calificó de “ridículo” renunciar a una regulación solo porque algunos jóvenes logren eludirla.
La disposición provocó una rápida reacción de YouTube. Un portavoz de la plataforma señaló que las prohibiciones generales pueden empujar a los muchachos hacia “servicios anónimos y menos seguros”. La empresa defendió sus sistemas de protección por edades y aseguró que lleva más de una década desarrollando herramientas supervisadas por expertos.
Entre quienes apoyan el proyecto figura Mark Dowey, cuyo hijo Murray murió tras sufrir un caso de extorsión sexual. En declaraciones a BBC Breakfast, afirmó que en un principio tenía dudas con respecto a una prohibición de este tipo, pero que el discurso de Starmer le resultó convincente.
“Tengo la esperanza de que sea sustancial y que genere un cambio real en el terreno”, expresó. Aunque admitió que algunos podrán saltarse las restricciones, consideró que la propuesta puede impulsar una transformación social más amplia en la relación de los jóvenes con el entorno digital.
Dowey también cuestionó las críticas de YouTube. A su juicio, advertir que los menores migrarán a espacios menos seguros demuestra la debilidad de los argumentos de quienes se oponen al plan.
El proyecto ha encontrado resistencia entre organizaciones defensoras de los derechos digitales y la privacidad. James Baker, director del programa de libertad de expresión de Open Rights Group, indicó que la medida no aborda los modelos de negocio que favorecen la difusión de contenido perjudicial.
Según Baker, los mayores de 16 años deberán entregar documentos de identidad o datos biométricos para verificar su edad ante empresas privadas, una situación que, a su juicio, plantea riesgos que el gobierno no ha reconocido.
Kerry Moscogiuri, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Reino Unido, sostuvo que el problema no son los jóvenes en las plataformas, sino el diseño de espacios inseguros por parte de las compañías tecnológicas. Mientras tanto, Jack Coulson, de Big Brother Watch, alertó sobre la expansión de sistemas obligatorios de identificación digital que permitan acceder a internet.
La iniciativa sitúa a Reino Unido dentro de una tendencia internacional. De acuerdo con datos de la OCDE, al menos 25 países ya aplican, estudian o han aprobado limitaciones similares. Australia fue pionera con una prohibición para menores de 16 años, mientras que Canadá, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Indonesia, Noruega y Malasia avanzan en proyectos equivalentes.





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