
América Latina atrae la mirada de la inversión internacional con un ambicioso plan para construir un aeropuerto al nivel del mar. El presupuesto de la obra supera los US$1.700 millones y las proyecciones oficiales estiman que el complejo estará operativo hacia 2034. Esta infraestructura promete transformar la conectividad regional y generar expectativas significativas en los sectores turístico, logístico y del transporte aéreo.
El megaproyecto despierta gran interés fuera de las fronteras del país de origen debido a su escala y a los retos técnicos y administrativos que conlleva. Aunque la iniciativa permanece en fases preliminares de aprobación, diversas fuentes especializadas reseñan que se trata de uno de los planes más ambiciosos del sector aeroportuario en la región.
Colombia lidera el desarrollo de la Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias, un ambicioso proyecto ubicado en el corregimiento de Bayunca. La terminal aérea contará con una pista de 3.100 metros y un edificio de pasajeros de más de 100.000 m². Este espacio tiene capacidad para movilizar hasta 17 millones de viajeros al año en la región Caribe.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, impulsa esta iniciativa privada para optimizar la conectividad aérea. Según comunicados oficiales, el propósito principal del complejo es descongestionar y complementar el tránsito actual de la zona. La megaobra promete transformar el entorno costero en un centro logístico y comercial de vanguardia.
El plan arquitectónico integra una central de carga especializada junto con un polo de desarrollo urbano periférico. El diseño opera bajo el modelo de alianza público-privada (APP) y su financiamiento proviene en su totalidad de capitales corporativos. Gracias a este esquema financiero, la edificación del aeródromo se ejecutará "sin aportes directos del Estado".
La Unión Temporal Validación IP Cartagena, firma encargada de examinar la viabilidad técnica, jurídica y financiera del megaproyecto, solicitó una prórroga de seis meses ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Este aplazamiento postergó la entrega de las conclusiones definitivas hasta noviembre de 2026. La extensión del cronograma inicial responde a la necesidad de asegurar un diagnóstico exhaustivo sobre la factibilidad de la propuesta estructural.
Por otra parte, la articulación institucional afronta serios obstáculos debido a la ausencia de respuestas y permisos por parte de la Alcaldía de Cartagena ante requerimientos clave emitidos desde 2024. Esta falta de coordinación con las autoridades locales frena el avance administrativo de la obra. El estancamiento burocrático dificulta la obtención de los avales necesarios para el desarrollo normal de las fases planificadas.
En 2025, la Corte Constitucional de Colombia ordenó la revisión y socialización del plan con comunidades indígenas de Bayunca, en atención a sus derechos a la consulta previa y la participación. Este dictamen judicial introdujo dinámicas de concertación obligatorias que complejizan el calendario institucional. La reconfiguración de los procesos busca garantizar el diálogo democrático, aunque añade más tiempo a la aprobación definitiva.





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