Daniel Noboa oficializó el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral y afianza el accionar de las Fuerzas Armadas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa oficializó, mediante decreto ejecutivo, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 el 14 de julio del 2026 y derogó formalmente la estrategia del régimen de Lenín Moreno, prevista hasta 2030.

Aprobado previamente en una sesión calificada como "secretísima" por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 9 de marzo del 2026, el documento consolida un viraje estructural hacia un modelo de acción unificada que adapta la política pública al escenario de conflicto armado interno declarado en 2024.

Este enfoque prioriza de manera directa la intervención y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y centros carcelarios para combatir a las bandas delictivas catalogadas como terroristas. Además, centraliza la evaluación técnica y el monitoreo en el Ministerio de Defensa Nacional.

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Siete Objetivos Nacionales de Seguridad

Bajo esta nueva planificación, que reduce las antiguas 99 estrategias de Moreno a siete objetivos nacionales de seguridad, la presencia militar en el territorio ecuatoriano cobra un protagonismo permanente, tras el despliegue de 31.000 militares en 2024 y 1.750 soldados adicionales en 2025 en las zonas con mayores índices de criminalidad.

El tercer objetivo nacional del plan se enfoca en la reconstrucción del sistema penitenciario y ordena que las Fuerzas Armadas mantengan el control temporal y estricto de las prisiones para aliviar el hacinamiento crítico del 29,06%, que afecta a 34.612 internos y desborda la capacidad del Estado.

El plan prevé una transición para que, en 2027, los militares devuelvan la administración de las cárceles al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). En paralelo, plantea crear tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura para juzgar a los uniformados.

La criminalidad avanza en Ecuador

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes escaló de niveles inferiores a 8,2 entre 2014 y 2020 hasta alcanzar un pico de 46,2 en 2023. El 2025 cerró con un récord histórico de aproximadamente 9.300 homicidios reportados por el Ministerio del Interior.

Esta espiral de violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado transnacional ha tenido consecuencias económicas devastadoras, como el cierre de 65.837 microempresas entre 2022 y 2023 debido a extorsiones. Esto obliga al sector privado a gastar más de US$1.500 millones anuales en seguridad, mientras la informalidad laboral alcanzó el 53,5%.

El documento también analiza la situación social y registra que la pobreza por ingresos llegó al 24% y la pobreza extrema al 10,4% para mediados del 2025. Además, evidencia una severa presión migratoria con el albergue de 77.000 refugiados reconocidos por ACNUR y 444.000 migrantes venezolanos.

Para debilitar el sustento financiero de estas organizaciones delictivas, dedicadas en gran parte a la minería ilegal, que representó el 2,5% del PIB en 2022, el Plan Nacional de Seguridad promueve la interoperabilidad de las bases de datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Aduanas para compartir información en tiempo real.

No obstante, las 201 páginas del plan gubernamental omiten el establecimiento de un presupuesto general o una asignación fiscal global para su ejecución y derivan las obligaciones a una red de articulación entre los ministerios del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, el CNI y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.