
Cientos de indígenas amazónicos de Bolivia llegaron a La Paz tras una marcha de 28 días para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley 1720, una norma que permite reclasificar tierras inembargables.
La concentración indígena recorrió más de mil kilómetros desde las regiones de Pando y Beni. Los manifestantes ingresaron a la sede de Gobierno con apoyo ciudadano y advirtieron que mantendrán medidas de presión si no se atiende su demanda principal. El conflicto agrario se agrava en paralelo a otros reclamos por la calidad de la gasolina y el incumplimiento de acuerdos con distintos sectores, como el transporte.
Los campesinos sostienen que la Ley 1720 pone en riesgo sus territorios ancestrales al permitir que los campos inembargables pasen a una categoría que facilita su uso como garantía financiera. Temen que esta medida abra la puerta al perjuicio de sus cultivos en favor de entidades privadas.
“Vamos a perder lo que lucharon nuestros ancestros. Por eso le pedimos al gobierno que borre esa ley”, afirmó para AFP María Parada, indígena de 55 años, en declaraciones recogidas durante la movilización. Otra participante, Marina Parapaibo, expresó su rechazo: “El presidente quiere que nosotros seamos esclavizados por los empresarios”.
La caminata se realizó en condiciones adversas. Los participantes enfrentaron bajas temperaturas, lluvias y los efectos de la altitud al llegar a los 3.650 metros de La Paz. Muchos presentaron problemas de salud tras semanas de trayecto. En el recorrido, comunidades de distintas zonas se sumaron a la protesta, lo que amplió la magnitud del reclamo.
El Ejecutivo sostiene que el cambio de categoría de las tierras es voluntario y niega que exista riesgo para los propietarios. Además, impulsó el Decreto Supremo 5613 con el fin de regular la dotación y titulación en la región amazónica. Sin embargo, los movilizados insisten en la derogación total de la norma.
El conflicto se intensificó con la huelga de transportistas que afecta varias regiones. La protesta responde a denuncias sobre la calidad de la gasolina y la falta de compensación por daños en vehículos. La medida derivó en bloqueos de rutas en distintos lugares del país.
“Por lealtad al gremio, el departamento de La Paz se suma al paro de 24 horas. Hemos hecho un análisis profundo porque el Gobierno ha incumplido el último acuerdo”, señaló ante los medios el dirigente Edson Valdez. En este sentido, desde la Confederación de Choferes, Lucio Gómez aseveró que no participarán en diálogos inmediatos.
Los cortes de vías se registran en la red vial fundamental del país, con al menos 61 puntos de bloqueo. En departamentos como Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, el tránsito permanece interrumpido. En ciudades como La Paz y El Alto también se reportan cierres en trayectos clave.
Ante este escenario, las autoridades educativas dispusieron clases a distancia en sectores afectados. La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes frente a las dificultades de movilidad.
El Ejecutivo ha intentado contener las movilizaciones mediante convocatorias al diálogo y acuerdos parciales con algunos sectores. Sin embargo, esas acciones no lograron frenar la marcha indígena ni la protesta de conductores.
Dirigentes sociales adelantaron que otorgarán un plazo para que el Gobierno responda a sus demandas. Mientras tanto, organizaciones como la Central Obrera Boliviana expresaron respaldo a los manifestantes durante su llegada a La Paz.





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