
El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció un aumento del sueldo mínimo en Venezuela, que pasa de 190 a 240 dólares mensuales. La medida representa el primer ajuste tras la caída de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por inflación elevada y deterioro del poder adquisitivo.
El nuevo monto no modifica el salario base, que permanece en niveles mínimos cercanos a 30 centavos de dólar, sino que se compone principalmente de bonos. La decisión busca aliviar la crisis económica, aunque el impacto resulta limitado frente al alto costo de vida y la informalidad laboral.
La subida del ingreso mínimo integral queda lejos de cubrir las necesidades básicas. Según estimaciones privadas, la canasta alimentaria de una familia de cinco personas alcanza los US$677 mensuales, casi el triple del nuevo monto anunciado.
Durante su intervención, Rodríguez defendió la medida y destacó que se trata de la mayor modificación en años. Sin embargo, entre los ciudadanos persisten dudas sobre su efectividad.
“No era lo que esperaba, pero vamos hacia más”, expresó Yeisi Romero, manifestante en Caracas. Su testimonio refleja una percepción extendida entre trabajadores que enfrentan un aumento de precios persistente y una economía debilitada.
El esquema salarial en Venezuela depende de bonificaciones a fin de complementar ingresos. Entre ellas figura el bono de alimentación de US$40 y el denominado bono de “guerra económica”, que alcanza US$150 para empleados públicos activos.
Este modelo permite al Estado evitar el alza de pasivos laborales en un entorno de inflación que en 2025 llegó a 475%. Sin embargo, especialistas advierten que estos pagos no inciden en beneficios como prestaciones o pensiones.
La propia mandataria reconoció limitaciones del sistema. “No podemos repetir errores del pasado”, afirmó, al referirse a aumentos financiados con emisión monetaria. Añadió que cualquier incremento debe contar con respaldo financiero para evitar distorsiones.
El ajuste salarial ocurre en paralelo a un posible cambio en la legislación laboral. El Ejecutivo evalúa modificaciones a la ley impulsada en el gobierno de Hugo Chávez, una medida que genera inquietud en trabajadores y gremios.
Sectores empresariales como Fedecámaras han solicitado flexibilizar normas para mejorar la competitividad. No obstante, sindicatos alertan sobre un proceso de “des-salarización” que reduce derechos laborales.
La precariedad también se refleja en testimonios directos. “No tenemos contrato fijo y nos amenazan constantemente”, denunció Yubiray Somaza, trabajadora del sector comercio. Expertos como el economista Demetrio Marotta advierten sobre “niveles altos de informalidad” y condiciones que dificultan la contratación formal.
En paralelo al cambio del sueldo mínimo, el gobierno interino firmó acuerdos con empresas de Estados Unidos para impulsar la producción de petróleo y gas. Estas alianzas incluyen operaciones en la Faja del Orinoco, una de las principales reservas de crudo del mundo.
Rodríguez señaló que los convenios buscan fortalecer el sistema eléctrico y atraer inversiones. “Aquí se cruzan los intereses de Estados Unidos y Venezuela”, afirmó durante el anuncio oficial.
El enviado estadounidense Jarrod Agen indicó que los acuerdos representan más de 2.000 millones de dólares en inversión. También destacó que existe intención de acelerar proyectos energéticos en línea con nuevas relaciones bilaterales tras la crisis política reciente.





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