El presidente Nayib Bukele ofreció trasladar a Colombia a la totalidad de las personas privadas de libertad bajo custodia estatal, en respuesta directa a las declaraciones de su homólogo, Gustavo Petro, en la red social X, quien calificó el sistema penitenciario salvadoreño como "campos de concentración".
La propuesta surge tras cuestionamientos del mandatario colombiano sobre el modelo de seguridad aplicado en El Salvador, al que acusa de vulnerar derechos fundamentales. En ese contexto, Bukele respondió con una iniciativa que busca, según indicó, confrontar directamente dichas críticas y trasladar el debate al terreno de las decisiones concretas.
En su mensaje, el jefe de Estado salvadoreño afirmó que su país está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, incluyendo "los llamados presos políticos y cualquier otro caso" que Colombia considere contrario a su política del "amor y la vida".
Asimismo, condicionó la iniciativa a una aceptación total de los reclusos, al señalar que "deben ser todos", ya que, si realmente existen "campos de concentración", "incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable".
Bukele también sostuvo que la situación "no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana" y calificó su planteamiento como una "oportunidad histórica" para su par colombiano, con el objetivo de "sacar a miles del abismo de la exclusión".
El pronunciamiento del mandatario salvadoreño se produce luego de que Petro afirmara que las cárceles de ese país albergan a personas inocentes y constituyen "campos de concentración de población civil".
El gobernante colombiano cuestionó además la eficacia del encarcelamiento masivo como estrategia de seguridad y advirtió que esta práctica implica que se está "matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias".
En esa misma línea, comparó la situación con episodios de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Colombia, lo que elevó el tono del debate y generó una respuesta inmediata desde San Salvador.
La controversia reabre la discusión regional sobre los modelos de lucha contra la criminalidad, el respeto a los derechos humanos y el impacto de las políticas de encarcelamiento masivo, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación política en América Latina.





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