
Cristina Fernández de Kirchner compareció este martes 17 de marzo ante un tribunal federal en Buenos Aires en el marco de un megajuicio por presunta corrupción en el que está acusada de liderar una red de sobornos entre funcionarios y empresarios.
La exmandataria, que gobernó entre 2007 y 2015, se encuentra bajo prisión domiciliaria, cumpliendo una condena previa de seis años por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en diferentes áreas.
Durante su intervención, cuestionó con dureza al sistema judicial y denunció persecución política. “Me puedo morir presa con este Poder Judicial”, afirmó ante el tribunal, al tiempo que calificó los procesos en su contra como “prácticas mafiosas entre jueces y fiscales” destinadas —según sostuvo— a limitar su influencia en la política en su país.
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El proceso judicial investiga una presunta organización criminal que habría operado entre 2003 y 2015, periodo que abarca los gobiernos de Néstor Kirchner y su sucesora Cristina. Según la acusación, empresarios habrían pagado sobornos para acceder a contratos de obra pública, en un esquema en el que la exmandataria habría sido la principal destinataria.
Además, rechazó las imputaciones con ironía: “Ahora resulta ser que soy la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la República Argentina. ¿En serio?”. En ese sentido, señaló que está “injustamente detenida”.
La líder peronista también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de interferir en el Poder Judicial tras declaraciones públicas sobre su situación legal. En paralelo, criticó el contexto económico y social del país, al afirmar que la ciudadanía enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos como el alquiler.
En las afueras de su domicilio y de los tribunales, cientos de simpatizantes se congregaron para expresarle apoyo con banderas y consignas como “Cristina libre”. Mientras tanto, el juicio —considerado uno de los más relevantes de la historia reciente argentina— podría extenderse más allá de 2026, con más de un centenar de testigos previstos. De ser hallada culpable en esta causa, podría enfrentar una nueva condena de hasta 10 años de prisión.





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