Congresistas reelectos en Colombia van a prisión preventiva por corrupción vinculada a la administración Petro

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó prisión preventiva para los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique, implicados en el mayor escándalo de corrupción de la administración de Gustavo Petro. Ambos, reelegidos en los comicios del domingo, son investigados por recibir sobornos a cambio de aprobar créditos solicitados por el gobierno en 2023.

Estos formaban parte de la comisión parlamentaria encargada de revisar dichas operaciones de crédito. Según el comunicado de la Corte, los políticos habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para facilitar la aprobación.

Cabe recordar que, desde finales de 2023, los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, también enfrentan el mismo tipo de sanción por su aparente implicancia en el hecho.

PUEDES VER: Tiroteo en Virginia deja al atacante muerto y a dos personas heridas

¿De qué va la acusación?

Esta investigación está relacionada con el desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), específicamente por sobreprecios en la compra de camiones para transportar agua al desierto de La Guajira, en el noreste de Colombia. El caso fue destapado en 2024 tras investigaciones periodísticas que revelaron irregularidades.

Además de Manzur y Manrique, la Corte citó a juicio a otros tres congresistas y un exlegislador, quienes, a diferencia de los primeros, se defenderán en libertad. El tribunal pidió al Congreso suspender a los acusados de sus cargos mientras se desarrolla la evaluación.

Declaraciones en contra

Según Olmedo López, exdirector de la UNGRD y actualmente detenido, la congresista habría sido parte de una serie de reuniones en 2023 en las que se discutieron contratos por 92.000 millones de pesos para proyectos en municipios afectados por desastres.

Estos contratos, destinados a Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), serían asignados para asegurar los votos en la comisión de crédito, encargada de aprobar los préstamos internacionales del gobierno.

López relató que la política, junto con otros representantes, habría acordado con funcionarios del gobierno la asignación de estos contratos a dedo, anotando en su libreta los detalles sobre los municipios, los contratos necesarios y los beneficiados.

También se reveló que el contrato de Saravena, con un monto de más de 32.000 millones de pesos, en realidad serviría para financiar actividades del ELN, grupo armado ilegal con presencia en la región.