Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que habilita la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, aunque el alcance de la norma excluye a ciertos casos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de inmediato desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras la votación en la Asamblea Nacional.

Ante la aprobación, la mandataria afirmó que la norma representa un paso hacia la reconciliación nacional. “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, declaró al firmar el documento. La iniciativa se enmarca en un proceso de liberaciones que comenzó el 8 de enero, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Según la ONG Foro Penal, 448 personas ya han quedado en libertad condicional en ese contexto, pero aún permanecen encarceladas 644 personas que organizaciones de derechos humanos consideran presos políticos.

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Quiénes quedan fuera de la amnistía

El texto de la ley define qué personas entran en su alcance y cuáles quedan excluidas. El artículo 8 cubre a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos en 27 años de gobiernos de signo chavista, desde eventos como el golpe de Estado y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la reelección de Maduro en 2024.

El artículo 9 establece exclusiones claras: no abarca a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos ni delitos de lesa humanidad, tal como lo exige la Constitución. Tampoco cubre a personas que, a juicio del texto, hayan promovido o participado en acciones armadas contra la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela con apoyo de Estados, corporaciones o individuos extranjeros.

Institutiones y críticos recordaron que esta cláusula podría afectar a figuras opositoras. Por ejemplo, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha sido señalada en diversas ocasiones por presuntos vínculos con llamados a intervenciones extranjeras, lo que en algunos análisis internos del Ejecutivo podría ubicarla fuera del beneficio de la amnistía. Del mismo modo, dirigentes como Leopoldo López y otros en el exilio pueden ser examinados individualmente por una comisión especial creada en la ley para determinar su elegibilidad.

La ley permite que quienes se encuentren fuera del país puedan enviar un apoderado ante el tribunal competente para iniciar el proceso. También estipula que, tras presentar su solicitud, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos incluidos en la norma y deberá comparecer ante la justicia.

Reclamo de libertad plena

Los familiares de personas privadas de libertad han acompañado el proceso desde el primer anuncio de excarcelaciones. Decenas de ellos se concentraron frente a cárceles y tribunales, y muchos siguieron la sesión en silencio a través de sus teléfonos móviles. Un grupo de mujeres llegó a iniciar una huelga de hambre el 14 de febrero, que terminó con la aprobación de la ley.

Sin embargo, activistas han señalado que las liberaciones hasta ahora han sido concedidas en forma de libertad condicional y no de libertad plena. Este punto ha generado reclamos entre familiares, quienes piden que las liberaciones no estén sujetas a condiciones que limiten la plena restitución de derechos de los excarcelados.

Un dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, publicó en la red social X que había obtenido “libertad plena” horas después de la aprobación de la ley. Guanipa estuvo detenido durante nueve meses con acusaciones de conspiración y, tras ser liberado y detenido nuevamente en arresto domiciliario, retomó su libertad sin condiciones luego de que la Asamblea Nacional sancionó la norma.

Pese a este caso, la percepción entre activistas y familiares es que la verdadera libertad plena aún no ha alcanzado a todos los beneficiarios esperados, especialmente para quienes estaban bajo régimen de prisión o arresto domiciliario.

Mensaje de estabilidad

Delcy Rodríguez calificó la promulgación de la ley de amnistía como “un acto de grandeza” y un paso para promover la convivencia democrática. Desde Miraflores, enfatizó que la ley debía interpretarse como una señal de madurez política.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también respaldó la norma, describiéndola como “un paso trascendental para la estabilidad de la nación” y resaltó que la Fuerza Armada juraba lealtad a la presidenta interina.

Sin embargo, varios expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía debería aplicarse a “todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal” y formar parte de un proceso integral de justicia transicional.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia, radicado en Madrid, expresó que “no habrá reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”. Según él, la medida debe ir acompañada de verdad, reconocimiento y reparación para que tenga legitimidad. Otros críticos han señalado que la ley presenta deficiencias estructurales al dejar fuera a policías, militares y otros detenidos por motivos calificados por el Estado como delitos graves.

En paralelo, el gobierno venezolano avanza en reanudar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 2019, en medio de encuentros con autoridades del Comando Sur de EE. UU. y negociaciones sobre control de recursos petroleros que han marcado la agenda política reciente.

La ley de amnistía, aprobada por unanimidad, abre un nuevo capítulo en el complejo escenario político venezolano, aunque su ejecución, los casos excluidos y la amplitud de los beneficios han generado debates que continúan en las calles y los tribunales.