
El caso que marcó uno de los momentos más críticos de la política reciente en Asia llegó a su fin. La justicia de Corea del Sur sentenció a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol tras declararlo culpable de planear una sublevación y abusar de su cargo al ordenar un régimen de excepción de carácter militar en 2024.
El fallo concluyó que el exmandatario utilizó atribuciones presidenciales con el fin de alterar el equilibrio institucional. Según el tribunal, la decisión de recurrir a las Fuerzas Armadas no respondió a una amenaza real e inmediata, sino a una estrategia para concentrar el poder frente a un escenario político adverso.
Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando Yoon anunció la medida extraordinaria que otorgó control interno a los militares. La disposición tuvo una vigencia breve, de apenas seis horas, pero fue suficiente para generar un quiebre político profundo y abrir un proceso penal inédito contra un exjefe de Estado en ejercicio democrático.
Durante ese lapso se suspendieron las funciones del Parlamento y se restringió la actividad de partidos políticos y sindicatos. Además, se impusieron límites a la labor de los medios de comunicación, lo que encendió las alertas sobre una posible ruptura del orden constitucional.
La fiscalía sostuvo que estas acciones vulneraron principios básicos del sistema democrático. En enero, el Ministerio Público señaló que la medida debilitó el rol de la Asamblea Nacional y afectó la independencia de los organismos electorales, con un impacto directo en la estabilidad institucional del país.
Cabe mencionar que la ley surcoreana contempla como castigo máximo por el delito de insurrección la pena de muerte o la prisión perpetua. Finalmente, el tribunal optó por imponer cadena perpetua al considerar acreditada la responsabilidad penal de la exautoridad.
La ley surcoreana contempla como castigo máximo por el delito de insurrección la pena de muerte o la prisión perpetua. Foto: SCMP
Yoon, nacido en Seúl en 1960, construyó su imagen pública como fiscal con participación en investigaciones de corrupción de alto impacto, entre ellas el proceso que llevó a la destitución de la expresidenta Park Geun-hye. Ese perfil le permitió dar el salto a la política como candidato conservador.
En 2022 llegó a la presidencia tras una ajustada victoria electoral, apoyado en un discurso anticorrupción y en el desgaste del gobierno anterior. Sin embargo, las controversias que rodearon su gestión y la crisis de 2024 terminaron por erosionar su respaldo. Actualmente cumple otra condena vinculada a estos hechos y aún enfrenta dos procesos judiciales adicionales, mientras su defensa evalúa nuevas apelaciones en Seúl.
Además de Yoon, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió una condena de 30 años de prisión. Estas sentencias, dictadas este jueves, se suman a las impuestas anteriormente al exprimer ministro Han Duck-soo, condenado a 23 años de cárcel, y al exministro del Interior Lee Sang-min, sentenciado a siete años por su participación en la implementación del estado de excepción.





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