
“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia”, con esta frase, Gustavo Petro intentó justificar y quitarse la responsabilidad con respecto al caso de Kevin Acosta (7 años), quien falleció ante la aparente falta de medicamento para tratar su condición. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, complementó.
En la misma línea, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, indicó que los menores que presentan este mal “tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”. Ante esto el candidato presidencial Leonardo Huerta cuestionó el mensaje de Jaramillo y aseguró que el fallecimiento se da “cuando el tratamiento no llega a tiempo”.
"Indigna que se traslade la culpa a una familia que ya perdió a su hijo. El deber es garantizar medicamentos y protocolos eficaces, no señalar con insensibilidad”, añadió el contendiente electoral.
El presidente colombiano puso en duda también la denuncia de la falta de medicina al indicar que debe esclarecerse, esto durante el Consejo de Ministros. "La causa por la cual no le dieron el fármaco hay que investigarla. Si no es así, hay personas responsables individuales”, puntualizó.
Petro aprovechó para informar que su administración realiza los pagos de las adquisiciones por adelantado y criticó que no se concreten las compras ni las entregas oportunas a los pacientes. Bajo esta premisa, explicó que la ausencia de dinero no puede ser una razón de negligencia, negando la existencia de fallas estructurales en el sistema.
Por otra parte, sí denunció la supuesta presencia de un “oligopolio en la importación” en el mercado de este sector, pidiendo la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que realice la investigación correspondiente. Asimismo, mencionó que aún los “circuitos de corrupción” se mantienen dentro de la nación.
Según cita El País de Colombia, la madre del menor cuenta que la tragedia inició antes de su caída, exactamente el 31 de diciembre, cuando la EPS terminó el convenio con la IPS Medicarte, quien le suministraba el emicizumab. Ya en enero, la familia fue remitida a Integración Solux, contrato que también finalizó, recibiendo la indicación de esperar ante una futura renovación.
Respecto a las declaraciones realizadas al máximo representante, la progenitora calificó como “desconsiderado” y acusó un intento de “lavado de manos” por parte de los funcionarios. “No puedo tener a mi hijo encerrado, sin hacer nada. Cualquier niño, así no se golpee, puede tener un sangrado”, afirmó.
El artículo también precisó que Kevin murió en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia en Bogotá.





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