España expulsa a embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta a decisión del régimen de Ortega

El Ministerio de Asuntos Exteriores decidió expulsar al embajador de Nicaragua en España. La medida llegó como respuesta a la orden emitida el último domingo por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que dispuso la salida inmediata del embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, así como del ministro consejero de la legación diplomática, Miguel Mahiques Núñez.

Farré se encontraba en la capital nicaragüense desde el 2 de diciembre de 2025 y había entregado las copias de estilo que lo acreditaban como representante de España hace apenas tres semanas. En la práctica, solo llevaba veinte días en funciones, un periodo demasiado corto para haber desarrollado alguna gestión que explicara un conflicto con el régimen y desembocara en la actual crisis diplomática.

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España justifica expulsión de diplomático

De acuerdo con fuentes de Exteriores de España, encabezado por José Manuel Albares, la expulsión del embajador nicaragüense se dictó "en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, ordenada por la dictadura de Daniel Ortega".

Las mismas fuentes subrayan que, pese a la tensión diplomática, el Ejecutivo español mantiene su disposición a preservar una relación respetuosa con Nicaragua. “El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”, señalaron, al precisar que la medida adoptada no altera ese compromiso ni la voluntad de diálogo con la sociedad del país centroamericano.

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La tensión diplomática entre España y Niacragua

Este episodio se suma a una cadena de desencuentros que, desde hace años, han marcado el deterioro de las relaciones entre Madrid y Managua. Uno de los antecedentes se remonta a agosto de 2021, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a la entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios. La decisión respondió a un comunicado del régimen de Daniel Ortega, que acusó a España de influir en procesos judiciales y electorales nicaragüenses y, además, lanzó duras críticas vinculadas al pasado colonial.

La tensión continuó en 2022, cuando Nicaragua decidió retirar de sus funciones en Madrid a su embajador, Carlos Midence. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores nicaragüense justificó la medida como una respuesta a lo que describió como “presiones y amenazas injerencistas” contra su representante diplomático. Según la versión oficial, ese contexto hacía inviable el ejercicio normal de la labor diplomática y profundizó aún más el distanciamiento entre ambos gobiernos.

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La UE no reconoce al régimen de Ortega

La Unión Europea no reconoce la legitimidad del presidente sandinista Daniel Ortega, quien permanece en el poder desde 2007 tras unos comicios que el bloque considera carentes de "garantías democráticas". Aquellas elecciones se desarrollaron en un contexto de fuerte represión, persecución política y censura, con siete aspirantes presidenciales de la oposición encarcelados.

En esa línea, en septiembre pasado, la UE acordó mantener las sanciones contra Nicaragua debido al persistente deterioro institucional y a los abusos sistemáticos de derechos fundamentales. La decisión se apoyó en evaluaciones que vinculan la situación actual con la represión desatada tras las protestas opositoras de 2018.

Las medidas restrictivas alcanzan a 21 personas y tres entidades. Entre los sancionados figura Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, así como integrantes del entorno más cercano de la pareja presidencial, incluidos hijos, familiares y asesores. La lista también incorporó a mandos policiales señalados por su participación en la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, de acuerdo con la evaluación del bloque europeo.