
En mayo de 2025, un país de América Latina oficializó su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) tras firmar un acuerdo estratégico entre su presidente y Xi Jinping. Esta decisión coloca a la nación en un papel clave dentro de la competencia geopolítica de la región, en un momento en que China está ampliando su influencia, desafiando la hegemonía histórica de Estados Unidos.
La directora del DNP, Natalia Irene Molina, y el embajador Zhu Jingyang establecieron recientemente los pilares de esta alianza. El plan prioriza proyectos de conectividad y desarrollo energético para atraer inversiones extranjeras y facilitar la entrada de productos colombianos a los mercados globales.
Los esfuerzos de cooperación China–Colombia se centran en un portafolio de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES), diseñados para atraer inversión, capacidad técnica e industrial china. Entre los principales destacan:
La estrategia “Vías para la Paz” es una iniciativa de infraestructura diseñada para rehabilitar y ampliar corredores viales en zonas rurales históricamente afectadas por el conflicto y la pobreza. Su objetivo central es conectar estas comunidades con los centros urbanos, facilitando el transporte, mejorando la seguridad en las vías y creando nuevas rutas logísticas que permitan dinamizar la economía local de las regiones más apartadas.
En cuanto a su implementación, el programa se desarrollará de manera progresiva bajo un marco de cooperación bilateral con metas fijadas entre 2026 y 2040. Aunque no hay un calendario público detallado para cada tramo, su ejecución se alineará con otros grandes proyectos de largo plazo, como la reactivación ferroviaria, lo que asegura una transformación de la infraestructura nacional durante la próxima década.
El modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) en Colombia busca atraer inversión extranjera, con un interés estratégico en el capital chino. El esquema gubernamental dispone de dos modalidades principales: proyectos con financiación privada total y otros con una participación estatal máxima del 30%. Esta estructura facilita la distribución de los riesgos financieros y asegura que las obras mantengan su viabilidad técnica y operativa a largo plazo.
El marco normativo nacional garantiza la seguridad jurídica, la solvencia técnica y la sostenibilidad económica para la ejecución de infraestructuras críticas. Bajo este entorno, el Estado permite la integración de la experiencia de empresas internacionales en proyectos de alto impacto. La supervisión oficial es el mecanismo que certifica el cumplimiento de los estándares de calidad y la transparencia en cada fase del proceso.
La meta final de esta estrategia es el impulso del crecimiento en las regiones del país mediante beneficios tangibles y desarrollo social. Al combinar recursos privados con respaldo público, Colombia fortalece su red logística y competitividad global. El éxito de estas alianzas depende de una gestión eficiente que traduzca el flujo de capital en soluciones de transporte, energía y servicios para toda la población colombiana.
Estados Unidos permanece como el principal socio comercial y la mayor fuente histórica de inversión extranjera para Colombia, incluso frente al ascenso de China. Durante 2023, este flujo de capital sumó cerca de US$5.7 mil millones, cifra que dinamizó áreas clave como la manufactura, la minería, el comercio y los servicios financieros. Estos recursos consolidan la posición de liderazgo estadounidense dentro del engranaje económico nacional.
La relación bilateral trasciende el ámbito financiero mediante la cooperación técnica y social liderada por USAID. Esta agencia financia programas esenciales para el desarrollo económico, la protección ambiental y la construcción de paz en el territorio colombiano. Dicho respaldo técnico constituye un pilar estratégico que fortalece la infraestructura social y la estabilidad en diversas regiones del país.
Sin embargo, este esquema de apoyo afronta dificultades por los ajustes en las políticas de Washington y la disminución en los presupuestos para proyectos sociales. Estas variaciones generaron interrupciones y reestructuraciones en los planes de asistencia vigentes. Pese a estos desafíos, la alianza estratégica entre ambas naciones mantiene su relevancia para el crecimiento económico y la estabilidad institucional de Colombia.





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