
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanece detenido desde hace casi una semana tras la decisión de la Justicia de imponer cinco meses de prisión preventiva por presunta corrupción. Desde la cárcel, el exmandatario envió una carta manuscrita donde cuestionó las medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz, enfocándose en la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos.
La misiva difundida a través de redes sociales describe la decisión del Ejecutivo como un “crimen” que afectará a las familias más humildes y provocará un aumento significativo de los precios del combustible en zonas urbanas y rurales. Arce también criticó la falta de consultas democráticas antes de implementar la medida y consideró que las compensaciones anunciadas son insuficientes frente al impacto esperado.
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En su carta, Arce afirmó que la eliminación de los subsidios a los combustibles constituye “un crimen contra el pueblo trabajador que desde ahora se enfrenta una brutal subida de precios”. Añadió que la medida genera un “fuerte impacto” en trabajadores asalariados y no asalariados, así como un aumento en los precios al consumidor que derivará en un incremento de la inflación.
El exmandatario cuestionó la manera en que se ejecutó la medida y escribió que esta “pudo haberse hecho de diferente manera” para reducir el efecto social, mediante mecanismos de consulta democrática. También señaló que la decisión de tal magnitud “debió someterse a referéndum” o, al menos, a un “amplio debate parlamentario y social”. Arce criticó la ratificación de su prisión preventiva, considerando que confirma “la vulneración al debido proceso” y su “absoluta indefensión”.
Rodrigo Paz afirmó que Bolivia atraviesa “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental” de su historia, con reservas agotadas y un déficit que describió como “gigantesco”. Justificó la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente durante casi 20 años a 0,53 dólares por litro, y explicó que esta política costaba al Estado unos 2.000 millones de dólares anuales.
El mandatario acompañó la eliminación de los subsidios con un aumento del 20% al salario mínimo, que ahora será de 474 dólares mensuales, y mantuvo algunos programas asistenciales, como la congelación del precio de la bombona de gas licuado a 3,23 dólares. Los nuevos precios del combustible serán de un dólar por litro para la gasolina especial, 1,58 para la premium y 1,40 para el diésel, vigentes por seis meses mientras el Gobierno evalúa ajustes futuros.
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La Fiscalía vincula a Arce con el manejo irregular de recursos destinados a proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. Se investigan desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) que no se concluyeron o se realizaron parcialmente, así como pagos a cuentas de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.
Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz resolvió mantener la prisión preventiva por cinco meses, argumentando riesgos de fuga y posible obstaculización del proceso. Arce permanece en el sector ‘Posta’ de la cárcel de San Pedro, considerado de menor conflicto, compartiendo celda con otro interno. El exmandatario señaló que la medida era previsible ante “las medidas neoliberales que atentan contra los intereses del pueblo” y que se utilizan “chivos expiatorios y cortinas de humo”.

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