
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este miércoles que en el referéndum previsto para finales de año se incluya la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. La propuesta fue anunciada en un contexto político marcado por cuestionamientos a sus reformas y por tensiones crecientes con otras instituciones del Estado.
El anuncio se dio luego de que la Corte Constitucional (CC) rechazó varias de las reformas presentadas por el mandatario, al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual Carta Magna. Esta Constitución fue promovida por el expresidente Rafael Correa durante su gobierno (2007-2017) y continúa vigente.
Según explicó en un mensaje publicado en redes sociales, Noboa afirmó que su iniciativa busca “sacar al país del secuestro institucional” y “devolver el poder al pueblo”. Con esta declaración, el mandatario aludió a las limitaciones que, según él, enfrenta ante el máximo tribunal del país y que impiden la aplicación de sus propuestas.
Sus declaraciones son una respuesta a la Corte Constitucional, que no solo ha rechazado varias de sus iniciativas, sino que también ha suspendido de manera preliminar diversos artículos de leyes polémicas impulsadas por su gobierno. Estas normas han sido objeto de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, los cuales han denunciado que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la legislación vigente.
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La Asamblea Constituyente fue una de las promesas más destacadas de la campaña de Daniel Noboa, con la que logró asegurar su reelección para el periodo 2025-2029, luego de asumir el cargo inicialmente en 2023. Esta propuesta le permitió consolidar el apoyo ciudadano en un escenario político polarizado y con fuerte presencia del correísmo como oposición.
No obstante, Noboa dejó en pausa esta iniciativa cuando percibió que había logrado un control mayoritario en la Asamblea Nacional. Con apoyo oficialista y pese a la oposición del correísmo, el Parlamento aprobó una serie de leyes bajo trámite exprés. Estas normas contenían disposiciones que fueron cuestionadas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, quienes presentaron recursos ante la Corte Constitucional. Entre las medidas suspendidas por el tribunal se encuentra la prerrogativa que otorgaba “indultos anticipados” a policías y militares procesados por delitos en el contexto del “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado.

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