
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su intención de desmantelar gradualmente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al concluir la actual temporada de huracanes. Según indicó en una sesión informativa en la Oficina Oval, el objetivo de su gobierno es trasladar la responsabilidad de la respuesta y recuperación por desastres a los gobiernos estatales, reduciendo la dependencia de la agencia federal.
Trump afirmó que los gobernadores deberían ser capaces de gestionar las emergencias en sus estados y cuestionó la idoneidad de aquellos que no logren hacerlo. La medida incluye la disminución de la asistencia federal para la recuperación de desastres, con los fondos provenientes directamente de la oficina presidencial.
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Durante la sesión informativa, el presidente y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reiteraron sus críticas hacia FEMA, calificándola de ineficaz. Noem, quien también copreside el Consejo de Revisión de FEMA junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó que la agencia “debe desaparecer tal como existe”. Este consejo se encuentra desarrollando propuestas para reformar drásticamente las operaciones de la institución.
Según Noem, el plan del Gobierno incluye fortalecer acuerdos de cooperación entre estados para que puedan responder a desastres sin depender de la intervención federal, salvo en casos extremos. Sin embargo, expertos y veteranos en gestión de emergencias han cuestionado la viabilidad de estas iniciativas locales, destacando que la infraestructura y los recursos de FEMA son irremplazables.
Un exlíder de la agencia declaró a CNN que esta medida refleja un desconocimiento de las funciones del Gobierno federal en la gestión de desastres. También advirtió que los estados carecen del presupuesto y personal necesarios para enfrentar emergencias catastróficas sin el apoyo federal.
FEMA enfrenta una situación crítica debido a recortes de personal y la salida de altos directivos. Desde enero, más del 10 % de los empleados abandonaron la agencia y se proyecta una reducción de hasta el 30 % para fin de año, lo que reduciría su plantilla a cerca de 18.000 trabajadores. En un esfuerzo por mitigar esta situación, Kristi Noem reabrió instalaciones de capacitación y extendió contratos de empleados temporales.
El nombramiento de David Richardson como director de FEMA también generó controversia. Richardson, un exinstructor de artes marciales sin experiencia en desastres naturales, relegó a personal experimentado a roles secundarios. Además, se canceló un plan actualizado de desastres para esta temporada de huracanes, lo que incrementa las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta.
La comunicación entre la Casa Blanca y FEMA también enfrenta serios problemas. Recientemente, la agencia tardó varios días en enterarse de la aprobación de declaraciones de desastre por parte del presidente, lo que retrasó la entrega de ayuda financiera a comunidades afectadas.
Los planes del Gobierno para limitar la elegibilidad de asistencia federal también generan controversia. En declaraciones recientes, Trump calificó a FEMA como un experimento costoso y cuestionó su utilidad. Según el presidente, la responsabilidad de gestionar emergencias debería recaer en los gobernadores estatales.

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